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Comunicado de la Conferencia Episcopal Española, 20.IX.01 |
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Los obispos hablan de terrorismo, Gescartera y profesores de religión.
Madrid. SIC, 20-09-2001
Durante los días 18 y 19 de septiembre, se ha celebrado en Madrid la CLXXXVI reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Al término de la misma, sus miembros, en nombre de todos los Obispos españoles, se sienten en el deber de hacer público el siguiente comunicado:
1.- Una semana después de los terribles atentados terroristas sobre Nueva York y Washington, que han ocasionado miles de víctimas inocentes, han originado cuantiosísimos daños materiales y han conmocionado al mundo entero, los Obispos miembros de la Comisión Permanente reiteramos nuestra solidaridad y cercanía con quienes más directamente sufren las consecuencias de estos sucesos deplorables y pedimos a Dios el eterno descanso de los difuntos, la recuperación de los heridos, el consuelo y la esperanza para el pueblo de los Estados Unidos de América y la paz para todo el mundo.
Con la misma rotundidad con que hemos condenado siempre el terrorismo de ETA, condenamos estos crueles atentados, que constituyen también una gravísima ofensa a Dios, una violación de los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad y la libertad de las personas y de los pueblos y degradan a quienes los cometen, proyectan o encubren. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, lugares y expresiones, no tiene jamás justificación ni es camino para la consecución de fin alguno. Sólo la conversión de los corazones, el trabajo y el compromiso por la justicia y por la paz y la solidaridad entre los pueblos podrán conducirnos a una nueva civilización, más justa y fraterna, la civilización del amor.
Los miembros de la Comisión Permanente hacemos una llamada a la prudencia, a la responsabilidad y a la mesura en las medidas que obligadamente habrán de tomar los responsables de las naciones, en el ejercicio del derecho a la legítima defensa, para restablecer la justicia violada, erradicar la lacra del terrorismo en todos sus niveles y manifestaciones, neutralizar a los violentos, prevenir futuras acciones de esta naturaleza y atajar las causas de la injusticia y de la violencia.
En comunión con el Papa Juan Pablo II, invitamos a todos a "no ceder a la tentación del odio y de la violencia" y con él pedimos al Señor para los responsables de las naciones "que no se dejen dominar por el odio y por el espíritu de venganza, hagan todo lo posible por evitar que las armas de destrucción siembren nuevo odio y nueva muerte y se esfuercen por iluminar la oscuridad de las vicisitudes humanas con obras de paz".
2.- Ante la magnitud y trascendencia de esta tragedia y de sus posibles consecuencias, quedan en un segundo término otros acontecimientos y hechos de la vida de nuestra Iglesia y de la sociedad en España, que, sin embargo, no dejan de tener su importancia y que nos han producido gran dolor.
Nos referimos, en primer lugar, a la agria y continuada polémica surgida a raíz de la no propuesta de tres profesoras de Religión y Moral Católica para el presente curso académico. La Comisión Episcopal de Enseñanza ha informado ampliamente sobre estos hechos y ha dado a conocer la doctrina de la Iglesia al respecto y cuanto preceptúa la legalidad vigente.
Ante todo, agradecemos y valoramos el trabajo y la dedicación de los 18.500 profesores de Religión y Moral Católica en la Escuela Pública y de otros tantos en la Escuela de iniciativa social. Los últimos acontecimientos y las falsas imputaciones que se han hecho no nos hacen olvidar su excelente contribución a la formación integral de los niños y jóvenes y su ejemplar espíritu cristiano, interés, profesionalidad y dedicación, vivida a veces en circunstancias nada fáciles. La sociedad española y la Iglesia deben mucho a estos profesores.
Los Obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, al hacer nuestros los pronunciamientos de la Comisión Episcopal de Enseñanza, estimamos que la no propuesta por parte del Obispo de un profesor de Religión y Moral Católica, cuando éste, por razones graves, no es considerado idóneo, se ajusta al derecho vigente, incluso el comunitario, responde a lo acordado por las más altas instancias de la Iglesia y del Estado, es concorde con la praxis que en esta materia rige en otros países de la Unión Europea y, sobre todo, es consecuencia del derecho a la libertad religiosa y del derecho de los padres a la educación religiosa y moral de sus hijos, tal como lo reconoce y establece la Constitución Española.
Ambos son derechos fundamentales de la persona y su ejercicio ha de ser garantizado por el Estado. La Iglesia cumple con la obligación de velar por este ejercicio, asumiendo su responsabilidad en la programación de la asignatura de Religión y Moral Católica y en la declaración de la idoneidad de los profesores. Dada la especial naturaleza de esta asignatura, se exige de quienes la imparten, además de la profesionalidad, el testimonio de su vida cristiana.
Seguimos considerando como una fórmula válida, siempre susceptible de mejora, la regulación del derecho a la enseñanza de la Religión y Moral Católica y de su profesorado por medio de esta asignatura en los centros de titularidad pública.
3.- Es obligado también referirnos al doloroso asunto de la intervención de la agencia de valores Gescartera, en la que se han visto implicadas contadas instituciones eclesiásticas, y al consiguiente y amplísimo eco en la opinión pública, que, con frecuencia, ha convertido a las víctimas del fraude en culpables.
Los Obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española deploramos toda operación especulativa que conduzca a la estafa, al enriquecimiento injusto y al perjuicio económico de quienes depositan su confianza en las instituciones financieras. Apelamos a quienes tienen la responsabilidad de velar por el correcto y justo funcionamiento de las entidades de inversión.
Reiteramos que la Conferencia Episcopal Española no ha tenido nunca relación con Gescartera ni ha depositado en ella dinero alguno; menos aún, fondos provenientes de la asignación tributaria y de la dotación presupuestaria.
Algunas instituciones de la Iglesia, en el uso legítimo de su derecho y responsabilidad, han invertido parte de sus recursos en la citada agencia, que hasta hace unas semanas era plenamente legal. Debemos recordar que dichas instituciones eclesiásticas gozan de autonomía en la administración de sus bienes y han dado cumplida información al respecto. A ella nos remitimos.
En las más diversas circunstancias, las entidades de la Iglesia han dado pruebas de una recta administración de los bienes que se les han encomendado para que cumplan una determinada finalidad. Los criterios han sido siempre la responsabilidad y la prudencia. Una vez más queremos recordar que tales entidades tienen el deber y el derecho a invertir convenientemente los bienes que reciben de los fieles y procurar que no se devalúen, para garantizar el cumplimiento de los fines que los propios fieles determinan en sus donaciones. Para ello, habrán de servirse de profesionales competentes y honrados.
Damos gracias a Dios porque una gran mayoría de los miembros de nuestra Iglesia siguen confiando en ella y continúan ayudándola con gran generosidad para que pueda sostener a sus ministros, el ejercicio del culto y del apostolado y el servicio a los pobres. Esta es la base fundamental de su sostenimiento y un signo evidente de la Providencia de Dios para con su Iglesia.
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