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Juan Manuel de Prada, "Parejas de hecho", ABC, 23.IX.00 |
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Casi da miedo zambullirse en el lodazal de hipocresías y demagogias en que nuestros politicastros han convertido el asunto de las parejas de hecho, pero como tengo vocación de kamikace, allá que voy de cabeza. Habría que empezar diciendo que «pareja de hecho» constituye una acuñación contraria a «pareja de derecho»; en términos piadosamente literarios, podríamos afirmar, pues, que hablar de una «Ley de parejas de hecho» equivale a formular una absurda paradoja. Quienes deciden unirse de facto (lo que el diccionario denomina «amancebamiento» o «concubinato») lo hacen —salvo en el caso de las parejas homosexuales, que requieren tratamiento aparte— porque no acatan las normas jurídicas que regulan la unión entre personas de distinto sexo. Este desacato de la ley puede resultarnos aceptable o incluso legítimo, si bien la definición que Aristóteles aplicó al hombre («animal político») exige de éste su sometimiento a las normas sociales. No parece del todo cabal que uno quiera aprovecharse de las ventajas o beneficios que procura la vida en la «polis» y, al mismo tiempo, soslayar las obligaciones que esa misma vida impone. Pretender que al amancebamiento se le reconozcan los mismos efectos jurídicos que al matrimonio podría justificar también que alguien se negase a pagar impuestos y al mismo tiempo reclamase subvenciones estatales. No entiendo cuáles son las razones por las que alguien que rehuye los compromisos del vínculo matrimonial quiere disfrutar de sus ventajas. Que cada uno se lo monte como le plazca, pero que se atenga a su decisión y apechugue con ella. No se puede estar en misa y repicando.
Quien quiera acceder a los beneficios del matrimonio no tiene más que pasar por el juzgado y sellar un compromiso. Otro caso distinto es el de las parejas homosexuales, a quienes la ley no brinda la alternativa del matrimonio. Matrimonio, si las etimologías no me fallan, viene del latín «mater», madre, y de «moneo», preparar. Un matrimonio, según lo entendían los romanos, se puede definir como una antesala de la maternidad; Gayo nos habla en sus «Instituciones» de esta función primordial que, evidentemente, una pareja de homosexuales no puede desempeñar. Hablar de «matrimonio homosexual» constituye un oxímoron bastante disparatado. Si los modernos sistemas jurídicos no reconocen contenido delictivo alguno en las prácticas homosexuales deberían establecer una institución jurídica que reconozca el vínculo afectivo y patrimonial entre las parejas del mismo sexo que se han comprometido a vivir en común. Urge, pues, que los homosexuales sean satisfechos en esta vindicación, y que el Derecho les otorgue cobijo, para evitar situaciones de indeterminación jurídica. De lo que se trata es de que los homosexuales que lo deseen puedan constituir una «pareja de derecho»; la infalibilidad del lenguaje vuelve a enseñarnos que esa hipotética «ley de parejas de hecho» es un adefesio y una aberración jurídica inaceptable.
Quedaría por dilucidar el controvertido asunto de las adopciones por homosexuales. Antes hemos declarado que la institución matrimonial no puede acoger las uniones de parejas del mismo sexo, porque entre los fines del matrimonio se halla la procreación, esa «preparación de la maternidad» a la que alude su etimología. La adopción, tal como debe entenderse sin interpretaciones aviesas) es una institución del Derecho cuya finalidad principal no es otra que amparar al niño desvalido, con las ventajas jurídicas y espirituales que otorga su incorporación a una familia. No creo que deba extenderme en los requisitos que una familia debe cumplir para que merezca tal designación; se adopta a un niño para mitigar la condena arbitraria que la naturaleza le ha adjudicado, dejándolo huérfano, y para tratar de reconstruir los vínculos afectivos que aseguren su natural desenvolvimiento en sociedad. Y este desenvolvimiento se logra en el seno de un matrimonio; lo demás se me antojan remedos de consecuencias incalculablemente peligrosas. Así que vamos a ver si nos dejamos de demagogias.
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