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Pío Moa, "La visión cristiano-progre de la historia reciente", La libertad digital, 7-12.IX.01 |
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En 1981, en un foro titulado "¿Es posible la convivencia en España?", Laín Entralgo condicionó la convivencia real a una pública confesión de los errores y crímenes del pasado, en referencia a la guerra civil. A tal pretensión, sentimental y en el fondo vana, opuso R. Salas Larrazábal que la concordia entre los españoles actuales y futuros "tiene muy poco que ver con el arrepentimiento o el empecinamiento de sus antepasados". Salas veía la guerra como un problema de historia, Laín como un problema básico de política actual. Éste insistió desde El país: "Durante casi cuarenta años, la pública consideración de los vencidos como antiespañoles, asesinos, horda roja, etc., ha sido entre los vencedores una regla constante. ¡Qué antología de textos podría componerse!" Los horrores reseñados en la Causa General son ciertos –concedió– pero también lo son los crímenes contrarios, por lo cual animó a los partidos entonces en la oposición a elaborar su propia Causa.
¡Pésima idea!, observó Salas. Un aspecto de la guerra, como de todas, fue la prédica del odio al enemigo y la creación, contra él, de una leyenda de crueldad sin par. Desde luego, ¡qué antología podría componerse con los textos del Frente Popular contra el "fascismo"! ¡Y con los de cada partido de dicho Frente contra sus socios! Sería ingenuo, o algo peor, esperar que fueran a demoler esas leyendas quienes las crearon, es decir, los partidos y los intelectuales y propagandistas a su servicio. De la propuesta de Laín sólo podía salir lo que en efecto salió: una literatura revanchista y empapada de odio, como Víctimas de la guerra y tantos panfletos más, instrumentos de una política actual. ¿A qué vienen, si no, las exigencias de que la Iglesia pida perdón por una guerra cuyos mayores causantes fueron, precisamente, los exigentes? El camino es otro, dice Salas: la guerra "debe relegarse a la historia, y ser tratada con objetividad, humildad, comprensión y amor a la verdad".
Tampoco sirve a la verdad la invocación sentimental de los cuarenta años de supuesta indefensión de los vencidos. Cuando salí de la niñez, con los años sesenta, se hablaba poco de la guerra, y a finales de la década se iban imponiendo, como en el exterior de España, las versiones de los vencidos, llenas de falsedades. En 1981 ya prevalecían por completo esas versiones que "no se someten a crítica y han creado un estado de conciencia que resiste impertérrito a cualquier prueba en contrario", apuntaba Salas. Al estudiar la guerra, yo mismo he debido hacer un esfuerzo constante por cuestionar los viejos tópicos, cuyo pesado influjo sobre el espíritu desafía los documentos y a la lógica.
Viene esto a cuento por un artículo reciente de Ignacio Sotelo en El País, acerca de las ideas de Laín sobre la historia de España. Artículo merecedor de atención.
¿De dónde vino la guerra civil?
“A la generación sobreviviente (de la guerra) —dice Sotelo— le quedaba el compromiso moral de dar cuenta de las causas de la tragedia, para evitar que se repitiese”. Y esas causas las expone Laín, en una vasta generalización, como la confrontación entre el catolicismo tradicional y la modernidad: “El mundo moderno es el mal y el error, dicen los tradicionalistas; el catolicismo no es aceptable para el hombre moderno y debe ser relegado al pretérito, afirman nuestros progresistas. Las dos tesis son, además, irreductibles a un proyecto histórico. ¿A qué podían conducir? En España, forzosamente, a la guerra civil”.
Las interpretaciones generales, tal la de la lucha de clases o, más modestamente, ésta de los católicos y los modernizadores, resultan fascinantes, porque explican los sucesos “a lo grande”, por encima de los hechos concretos, siempre fatigosos de aclarar. Pero por lo común los hechos suelen dar buena cuenta de esas generalizaciones excesivas, y así ocurre en este caso. Ante todo, ¿quiénes eran los modernizadores, para Laín? Parece claro cuando
cita, en su propuesta de una Causa General desde la izquierda, a “republicanos, socialistas y masones vilmente asesinados”. Pero, ¿y los comunistas, socialistas de Largo Caballero, y anarquistas, que sufrieron muchas más víctimas? Significativamente, Laín los ignora: se ve que no acaban de entrar en el molde de los modernizadores, al revés que los republicanos, masones y socialistas —del sector minoritario de Prieto, se sobreentiende.
Ahora bien, desde 1934, los revolucionarios, y no los supuestos modernizadores, componían, con gran diferencia, la parte principal y más organizada de las izquierdas, y los “católicos tradicionalistas” se sublevaron invocando, precisamente, el peligro de revolución. Una seudocrítica muy repetida afirma que esa invocación no pasaba de pretexto, pues tal peligro no existía, pero basta comprobar el leve peso de los modernizadores frente a los revolucionarios, y el sabotaje de éstos a aquellos, para ver el sólido fundamento del temor derechista. Prieto mismo definió la situación, dos meses y medio antes de la revuelta, como insostenible. En 1936 no se planteaba en España ninguna “modernización”, sino la revolución. Sin esto, la comprensión de la guerra y sus raíces se vuelve imposible.
El conflicto, por tanto, no ocurrió entre modernizadores y católicos tradicionalistas, sino, en todo caso entre éstos y los revolucionarios. Pero dejar esto en claro requiere examinar con mayor detalle el papel real de los supuestos modernizadores.
Los modernizadores en la teoría y en los hechos
Los que Laín llama modernizadores eran en 1936 un apéndice de los revolucionarios. Habían tenido su gran oportunidad en 1931, pero su balance difícilmente satisfará ni siquiera a un católico progresista: una oleada de incendios de conventos, bibliotecas, escuelas y obras de arte; una constitución hecha de espaldas a la mitad de la sociedad; leyes como la de “Defensa de la República”, o la de “Vagos y Maleantes”, que establecían una dictadura de hecho, con aplicación frecuente de la censura, cierre de periódicos, detenciones arbitrarias, etc.; un plan para eliminar la educación religiosa, con grave perjuicio directo para cientos de miles de personas; brutalidad policial, culminada en Casas Viejas, y manifiesta en el uso de la tortura y en la muerte por la policía, y en solo dos años, de muchos más obreros que la causada en dos decenios por el régimen de la Restauración, o en seis años por Primo de Rivera; miseria popular, reflejada en el aumento de las muertes por hambres, que volvieron a cifras de principios de siglo; auge espectacular de la delincuencia, en especial la política, con atentados, bombazos, etc.
Frente a los hechos, los Laín, Sotelo y otros apelan a las “buenas intenciones” de sus patrocinados, como si nadie más las tuviera: ¡los republicanos tenían la excelente intención de modernizar el país!. Hablan de la reforma agraria, pero ésta fue mal concebida y peor realizada; del impulso a la instrucción pública, aunque al mismo tiempo la contrajeron al excluir a los religiosos, y redujeron su nivel, al introducir en ella miles de maestros más politizados que profesionales; de la autonomía de Cataluña, aunque los republicanos catalanes la utilizaron para socavar la legalidad y sublevarse contra ella. Etc. Como era lógico, la oportunidad de los modernizadores pasó pronto, y en noviembre de 1933 ganó las elecciones el centro-derecha. Fue entonces cuando aquellos dieron toda su talla: simplemente probaron a burlar la voz de las urnas con intentos de golpe de estado, y desestabilizaron al gobierno legítimo hasta que, en octubre de 1934, se rebelaron los modernizadores catalanes, con el apoyo moral de los del resto del país, y en connivencia con los revolucionarios socialistas.
Esta realidad, se ha disimulado o excusado con el temor al fascismo. Pero el supuesto peligro fascista, al revés que el peligro revolucionario, era falso: una falsedad deliberada, urdida por modernizadores y revolucionarios para soliviantar a las masas y encubrir su propio ataque a la legalidad. Estos hechos pueden considerarse hoy día indudables, y disimularlos o excusarlos revela un espíritu alarmante, tan poco respetuoso con la democracia y las libertades como el de aquellos sospechosos modernizadores.
Modernizadores y revolucionarios ante la guerra
Lo ocurrido en octubre del 34 fue mucho más que un error, como cree Laín: fue que el PSOE (salvo Besteiro) y la Esquerra, con apoyo político de los republicanos de izquierda, declararon la guerra al resto de España, cada cual con sus propios objetivos. Pues bien, esa declaración no fue retirada después del fracaso, juzgado momentáneo. Al contrario, los modernizadores no vacilaron en aliarse con los revolucionarios en el Frente Popular, en torno a un programa revanchista. Se ha calificado este programa de moderado, pero creo haber probado lo contrario: reivindicaba de hecho la guerra de octubre y pretendía reducir a la derecha a un papel testimonial, mediante la llamada “republicanización del estado”.
Ganadas las elecciones de febrero de 1936 en circunstancias caóticas, los modernizadores tuvieron su segunda oportunidad, y gobernaron. Pero sus aliados extremistas tenían mucha más fuerza que ellos. Los comunistas (ya entonces muy influyentes), les presionaban para que, desde el gobierno, aniquilasen a la derecha católica y encarcelasen a sus líderes. Los socialistas de Largo Caballero, hegemónicos, propiciaban el desorden con el fin de hacer fracasar al gobierno republicano y heredarlo, sin riesgo de nueva insurrección, e imponer la “dictadura proletaria”. Y los anarquistas, convencidos de la cercanía de su revolución, contribuían a la violencia. Estas fuerzas pesaban, como he dicho, más que los modernizadores. Y los asesinatos, asaltos a periódicos y locales derechistas, quemas de iglesias, invasiones de la propiedad, etc., se pusieron a la orden del día.
Según una versión muy difundida, la derecha católica y parte del ejército comenzaron a conspirar tan pronto perdieron las elecciones. La verdad es otra. Hasta finales de mayo, no hubo conspiración militar seria, y la derecha centró sus esfuerzos en presionar al gobierno para que cumpliera con su deber más elemental: garantizar el orden público. Pero, en el propio Parlamento, los modernizadores se negaron a cumplir ese deber, mientras comunistas y socialistas amenazaban de muerte a los peticionarios. Ese acto, repetido dos veces, privó de legitimidad al gobierno e hizo pesar sobre la derecha la amenaza, real y próxima, de destrucción. En esas circunstancias, no hubo tal “rebelión contra un gobierno legítimo y democrático”, como pretenden muchos –y como sí ocurrió en octubre del 34–, sino contra un gobierno deslegitimado por su falta de voluntad y de capacidad para defender la ley, y por su alianza con los revolucionarios. ¿Dónde está aquí el conflicto entre católicos tradicionalistas y modernizadores? Estos últimos apenas tenían importancia en el drama, arrastrados y desacreditados por su pacto con la revolución.
Miseria del anticlericalismo
La tesis de Laín, defendida también por Peces-Barba y otros, no se limita a ver la clave de nuestras desdichas en la mutua hostilidad entre catolicismo y modernidad, sino que culpa esencialmente al primero. "Un catolicismo tradicionalista –resume Sotelo– que se enfrenta a cualquier intento de modernidad, lo que lleva a que los modernizadores españoles sean cada vez más anticatólicos". El catolicismo, pues, sería culpable incluso del anticlericalismo, feroz sin duda y autor de crímenes, pero provocado por la absoluta cerrazón y bruticie católica. Sería el culpable final, por tanto, de las guerras civiles. Y de la escasa relevancia de la ciencia española y de otras muchas cosas.
Creo que esta versión padece dos errores de enfoque. El primero, ya visto brevemente, es ignorar la diferencia entre el siglo XIX, donde tendría cierto sentido, en principio, esa oposición católico-modernizadora, y el siglo XX, en que dicha oposición se diluye al pasar a primer plano la revolución social, sorprendentemente relegada por Laín y otros. El segundo error es considerar provocado el anticlericalismo y provocadora a la Iglesia.
Para abordar este último desenfoque debemos volver a los hechos. Las ideas modernizantes entraron en España, por desgracia, con la invasión francesa, es decir, las acompañó la imposición extranjera a sangre y fuego, que ya de por sí las hacía repelentes para muchos. Pero además también se reprodujeron aquí las fechorías jacobinas de Francia: los "derechos del hombre" sirvieron de bandera para el genocidio, el terror y el saqueo. España no era un país sin tradición ni cultura, y los invasores tuvieron amplia ocasión de destruir o robar un inmenso patrimonio artístico y monumental, bibliotecas, etc., ultrajando de paso el sentir religioso casi unánime en el país. Nos escandaliza el fanatismo destructivo de los talibanes, pero los “talibanes jacobinos”, como recordaba Arrabal hace poco, fueron harto peores. Si no descartamos arbitrariamente esto, como suele hacerse, entenderemos que la mayoría del clero y del pueblo viesen en las propuestas modernizadoras la excusa para todo tipo de crímenes, pues así había ocurrido realmente. El anticlericalismo no nace, pues, como una réplica a la cerrazón católica, según pretenden los católicos "progresistas", sino que la barbarie anticlerical provocó el rechazo católico.
Luego, la semilla jacobina prendió en el sector del liberalismo llamado exaltado o progresista, de historial espeluznante en el siglo XIX, hasta culminar en la I República, que estuvo a punto de acabar con España como nación, y del que recordaremos algunas cosas sabidas, pero un tanto olvidadas.
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