Ignacio Sánchez Cámara, “Clonación y dignidad”, ABC, 1.XII.01

Las reacciones ante la clonación de un embrión humano parecen confirmar el carácter anómalo del debate moral contemporáneo. Especialmente, quizá, en el ámbito de la bioética. Toda discusión moral es estéril si no se remonta a los fundamentos, es decir, a las diferentes concepciones filosóficas de la ética. En caso contrario, todo queda reducido a repetición de tópicos, charla de café o diálogo de sordos. Tampoco cabe encontrar la respuesta en la ciencia, que suministra más los términos del problema que la solución.

Y no se trata sólo de que no lleguemos a un acuerdo, cosa tal vez imposible; es que ni siquiera discutimos sobre los mismos presupuestos. De este modo, con exigua sutileza, unos perciben en los partidarios de la clonación terapéutica a una especie de asesinos en serie, y los otros convierten a sus detractores en entusiastas fundamentalistas de la muerte que se oponen con crueldad a un simple tratamiento médico. Pero algunos defensores de la clonación, y de otras causas semejantes, esgrimen un argumento falaz, que consiste en la atribución a sus oponentes de un planteamiento religioso o confesional, identificando el suyo con la racionalidad y el buen sentido, y les exigen la tolerancia y la exclusión del dogmatismo. Naturalmente, aceptar ese planteamiento es otorgarles de antemano la razón y escamotear el debate.

Si no estoy equivocado, todo depende de la concepción que se defienda sobre la vida humana, sobre su origen, fundamento y dignidad. No pueden pensar lo mismo sobre, por ejemplo, el aborto, la eutanasia o la clonación quienes consideran que la vida es un don de Dios o una realidad misteriosa o trascendente que quienes la entienden como una mera propiedad inmanente de ciertos seres autónomos que pueden disponer libremente de ella, o quienes limitan la existencia de la persona a un cierto estado de madurez, o reducen el deber moral al principio de no causar daño a un ser sensible o consciente. Tampoco pueden pensar lo mismo quienes postulan la existencia de deberes absolutos e incondicionados que quienes limitan el deber a la producción del placer y a la evitación del dolor.

Sin acudir a este ámbito de los fundamentos filosóficos y de la concepción radical del mundo y de la vida, las disputas morales constituyen una pérdida de tiempo y una irresponsabilidad. Si asumimos la primera tesis, es claro que la clonación, incluida la terapéutica, atenta contra el deber moral y contra la dignidad de la vida. Si nos adherimos a la segunda, la conclusión será su licitud en la medida en que puede paliar el sufrimiento de seres conscientes y maduros, aunque sea al precio de manipular y destruir embriones, carentes de toda dignidad. Por eso, no espero nada relevante de un debate sobre la clonación, y, en general, sobre bioética. Poco más que parloteo e incomprensión. Por mi parte, como creo en el sentido trascendente de la vida, considero que la clonación, incluida la terapéutica, es ilícita moralmente. Aliviar el sufrimiento y curar una enfermedad pueden constituir un deber, pero no un deber absoluto e incondicionado. Hay deberes más elevados. Pero también entiendo la posición de los partidarios, aunque creo que parten de una concepción equivocada de vida humana. Lo que no estoy dispuesto a aceptar es que la suya sea la única posición ilustrada y racional. Si es la única moderna y progresista, me importa muy poco. En cualquier caso, no albergo dudas acerca de cuál de las dos concepciones es más favorable a la dignidad de la vida y de la persona. Si no va a haber auténtico debate, lo mejor es guardar silencio, respetar al discrepante, mas no necesariamente sus argumentos, y confiar en que la verdad moral, que no depende del sufragio universal, termine por imponerse.

Ignacio Sánchez Cámara, “El desarreglo del alma”, ABC, 15.V.02

En 1913, elogiando el libro «Ideas» para una concepción biológica del mundo, del barón Von Uexküll, escribió Ortega y Gasset: «No conozco sugestiones más eficaces que las de este pensador para poner orden, serenidad y optimismo sobre el desarreglo del alma contemporánea». Magnífica fórmula: «desarreglo del alma contemporánea». Y el desarreglo no ha hecho sino desarreglarse aún más. Por eso, nada hace quizá tanta falta hoy como el orden, la serenidad y el optimismo. Creo advertir las raíces de este desorden en anomalías que operan en el fondo de las creencias y de las ideas filosóficas vigentes, en el subsuelo donde se asienta nuestra concepción del mundo. La filosofía es ocupación seria y minoritaria que no puede ni debe aspirar a mandar, pero de la que depende, en medida mayor de la que se imagina, el nivel intelectual y moral de los hombres y de las sociedades.

En nuestros días, no existe una filosofía vigente y las que gozan de una moda o un éxito pasajeros, o no son filosofía o lo son de un modo deficiente o fraudulento. Vivimos instalados en tópicos filosóficos erróneos y, lo que es quizá aún peor, extemporáneos, arcaicos, propios del siglo pasado y aún del XIX. No es posible vivir en forma en el siglo XXI con ideas y creencias viejas de doscientos años. El examen de las polémicas en torno a la modernidad confirman, a mi parecer, este melancólico diagnóstico. Unos se obstinan en vivir de un racionalismo utópico de raíz cartesiana incapaz de aportar soluciones a la altura del tiempo. Otros, conscientes de este fracaso, levantan acta de defunción de la razón y se refugian en el nihilismo o la extravagancia o también en un «pensamiento débil», contradicción en los términos, pues si algo ha de ser fuerte es el pensamiento. Y no faltan quienes nos invitan a un viaje imposible al pasado, pues éste es siempre lo que no puede volver. ¿Es que estamos acaso condenados a elegir entre el materialismo y la irracionalidad? Lo uno y lo otro es, además de falso, anticuado e inservible. Y lo más descorazonador es que las ideas filosóficas que podrían salvarnos del marasmo existen y han sido pensadas a lo largo del siglo XX. En realidad, nos basta con tomar posesión de ellas y continuar la labor. Pero esto requiere inteligencia y modestia, extrañas virtudes que suelen transitar juntas, y no ignorancia y petulancia, extendidos vicios que también suelen viajar en fraterna comunión.

Mientras no se ponga orden, serenidad y optimismo en este desarreglo del alma contemporánea, todo marchará a trompicones y patas arriba. Aristóteles decía que el temperamento intelectual oscila entre el entusiasmo y la melancolía. Incluso de esta última cabe sacar fuerzas para el optimismo.

Ignacio Sánchez Cámara, “Religión y escuela”, ABC, 6.V.02

De la vieja cuestión escolar sólo queda, en parte, pendiente la solución del problema de la enseñanza de la Religión en la escuela pública. En la etapa de la transición, la cosa había quedado más o menos resuelta con la consideración de la Religión católica como asignatura evaluable y de la Ética como optativa. Esta solución planteaba el problema del erróneo entendimiento de la Ética cívica como alternativa a la Religión y su consiguiente supresión para los alumnos que optaran por la enseñanza religiosa. Pero, al menos, era respetuosa con la Constitución, con los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede y con la consideración de la Religión como asignatura evaluable. Luego vino la extravagante profusión de alternativas lúdicas a la Religión y la supresión de su condición de asignatura evaluable para el currículo de los alumnos, es decir, el escamoteo de su condición de auténtica asignatura.

Al parecer, estamos ahora a punto de alcanzar un acuerdo entre el Ministerio y la Iglesia que ponga fin a una situación anómala. La solución, según las informaciones disponibles, consiste en la recuperación de la Religión como asignatura obligatoria y evaluable y con la probable alternativa de una asignatura de Historia de las Religiones o de Religión y Cultura que contemple el fenómeno religioso desde la perspectiva cultural. No obstante, no se descarta la posibilidad, que desnaturalizaría este tratamiento, de que la calificación carezca de consecuencias académicas. Pero una asignatura sin consecuencias académicas es cualquier cosa menos una verdadera asignatura. La solución más razonable sería la existencia de una asignatura de Religión como fenómeno cultural y unas optativas de enseñanza religiosa confesional. Sin la dimensión religiosa la formación integral no es posible, y sin el conocimiento de la tradición cristiana no cabe entender la civilización occidental ni la historia universal. La oposición a esta solución razonable sólo puede ser fruto de una extravagante animadversión hacia el cristianismo y de un erróneo entendimiento del imperativo constitucional que no aboga por el laicismo sino por el carácter aconfesional del Estado. Éste último es compatible con la aceptación y el respeto del catolicismo como religión mayoritaria en España y con la consideración del cristianismo como elemento constitutivo esencial de nuestra civilización. Con demasiada frecuencia se olvida que la escuela pública no ha de ser una escuela laica sino la escuela de todos, y que la Constitución y los acuerdos entre el Estado y la Iglesia obligan a respetar la libertad religiosa, que es cosa muy distinta de la exclusión de la Religión de la escuela pública. Esta exclusión no sólo atentaría contra el derecho de los padres y de los alumnos a una formación religiosa en la escuela pública, que es la de todos, no sólo la de los agnósticos y los ateos, sino también contra la Constitución y los acuerdos entre el Estado y la Iglesia.

Ignacio Sánchez Cámara, “La barbarie, contra la religión”, ABC, 8.X.01

La barbarie del 11 de septiembre, y el fundamentalismo fanático del que se nutre, ha servido para cargar las baterías de los enemigos de la religiosidad.

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Ignacio Sánchez Cámara, “Neoanticlericalismo”, ABC, 25.VIII.01

El anticlericalismo es la otra cara errónea del error clericalista. Ambos se necesitan. Todo error necesita del error simétrico de su antagonista para justificarse. Pero lo que hay que oponer al error no es otro de naturaleza opuesta sino la verdad. El anticlericalismo en España tiene un sueño ligero y el más leve ruido basta para despertarlo de su secular sopor. La borrasca veraniega de Gescartera ha bastado para despertar al adormecido sesteante ilustre. Para el viejo monstruo latente no es preciso esperar ni al resultado de las investigaciones ni a la labor de las comisiones ni al trabajo de los jueces. La suerte está echada. La Iglesia, así, en general, sin matices, es culpable. Al fin y al cabo, para los azotadores de sotanas, la Iglesia lleva ya veinte siglos de culpabilidad. Lo más gracioso del anticlericalismo es que se pretende hijo de la Ilustración cuando es vástago de la ausencia de ilustración y de la falta de información. Ha bastado que parte de una Orden o de una diócesis o de lo que sea, tanto da, haya colocado parte de sus ahorros en Gescartera para que se desate la caja de los truenos anticlericales. No importa que lo hayan podido hacer en la condición de timadores o timados, lo que no es exactamente lo mismo. No importa que la inversión bursátil constituya una opción legítima para todos los ciudadanos. Si el inversor es eclesiástico, deviene especulador sin escrúpulos.

El anticlerical nunca deja que un hecho le destroce un bonito argumento. Por eso se acoge a la desinformación como al más nutricio suelo materno. Lo mejor es la generalización. El matiz queda para los tibios y colaboracionistas. Que el pueblo llano no entiende de sutilezas y matices. «La Iglesia -así, en general y con mayúsculas- invirtió al menos 2.500 millones de pesetas en Gescartera». ¿Para qué permitir que una investigación sobre la estructura económica de la Iglesia desmonte un lindo titular? Poco importa que no exista un poder financiero unificado en el seno de la Iglesia. Poco importa que cada unidad administrativa o diócesis sea administrada independientemente de las demás. Poco importa que ni siquiera el obispo fiscalice las cuentas de otras entidades administrativas que actúan en su diócesis. Lo que importa es la escandalosa generalización. Tampoco importa que invertir en Gescartera sea lícito y que el problema resida en que muchos inversores hayan podido ser estafados. Para el buen anticlerical, la Iglesia siempre estará del lado de los estafadores.

El buen anticlerical, sobre todo si milita en las filas opositoras socialistas, no dejará pasar la ocasión de la estival serpiente bursátil para plantear la necesidad de revisar los acuerdos económicos entre la Iglesia y el Estado. Poco importa el principio de igualdad ante la ley. Poco importan Cáritas, Manos Unidas u otras menudencias filantrópicas. Poco importa que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que establece la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, fuera votada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Lo que importa es que la Iglesia deje de recibir las subvenciones a las que tienen derecho las más estrafalarias organizaciones que persiguen los más extravagantes fines, porque algún grupo o diócesis o lo que sea, qué importa, ha invertido, pecado nefando, en Gescartera. Aun descontada la mala fe, no probada, de los eclesiásticos inversores, a nadie se le ocurriría pedir la supresión de la subvención a UGT por el fraude de la PSV. Pero el anticlericalismo tiene razones que la razón ignora. Cuando se trata de la Iglesia, el bien es atribuido a la parte y el mal al todo. Es la forma de entender la justicia del viejo, añejo, rancio y arcaico anticlericalismo. Lo del «neo» no deja de ser sino piadoso recurso retórico, pues la patología es vieja, demasiado vieja.

Ignacio Sánchez Cámara, “Catolicismo y vida pública”, ABC, 3.XI.01

El pasado fin de semana se celebró en Madrid el III Congreso «Católicos y vida pública», organizado por la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. Como era previsible la repercusión social y «mediática» ha sido, por decirlo suavemente, moderada. Pese a que la mayoría de los españoles son católicos y que los valores cristianos continúan impregnando, quizá sólo vaga y superficialmente, nuestra sociedad, lo cierto es que el catolicismo parece condenado a jugar en campo contrario y con un árbitro casero. Quizá la Providencia persiga la recuperación de los valores originarios, promoviendo un regreso a la hostilidad padecida en sus principios. Al extendido reproche dirigido al cristianismo de vivir de espaldas a la Modernidad, como si además en ella todo fueran luces y bienes, se suma, en el caso del catolicismo, la acusación de promover la sumisión de la conciencia y de la libertad personales a la autoridad absoluta del Papa. Los católicos serían, así, antimodernos y heterónomos, en suma, «medievales». Por si esto fuera poco, abundan las voces que exigen que las creencias religiosas queden relegadas al ámbito de la conciencia personal, a la esfera de lo privado, y que toda pretensión de que aspiren a impregnar la vida pública son expresión de un totalitarismo más o menos larvado. El lugar natural de la religión estaría en las catacumbas de lo privado, cuando no en las de la persecución.

Y, sin embargo, no es poco lo que el catolicismo y los católicos pueden hacer para contribuir a la mejora intelectual y moral de una sociedad que diagnostican, no sin razón, como enferma, muchos de los que contribuyen a combatir los valores que podrían sanarla. El cristianismo constituye la raíz de los principales valores que sustentan nuestra civilización, o, lo que queda de ella, incluidos los de quienes, tal vez por ignorancia, lo combaten. Resulta fácil diagnosticar en cada mal que nos agobia la ausencia clamorosa de un valor cristiano despreciado o ausente: el terrorismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la insolidaridad, el materialismo,… Si del ámbito de la moral pasamos al de la cultura en general, habría que recordar no sólo la contribución del cristianismo a la supervivencia y difusión de la cultura antigua clásica, sino también su labor de creación de las más elevadas obras, desde las catedrales al gregoriano, desde la mística a Bach. El olvido de la religiosidad y de las epifanías del espíritu es una de las causas fundamentales de la degradación de la cultura contemporánea.

El cristianismo, y la religiosidad en general, constituye un poderoso instrumento para mejorar el mundo, siempre que se acierte a eludir ciertos errores. Siempre que se supere la tentación del fanatismo y la tendencia a no distinguir entre la moral y el derecho. Siempre que no se olvide que la moral cristiana es, ante todo, una invitación a la reforma personal y que siempre han sido los que han seguido la vía del perfeccionamiento interior, renunciando a transformar directamente el mundo, quienes han logrado ejercer el influjo más beneficioso y perdurable. Es preciso un cristianismo a la altura de los tiempos, que, en ningún caso entraña la renuncia a su mensaje originario o su mera adaptación a las veleidades de la opinión dominante. Impedir la difusión social de los principios cristianos, aparte de una injusta discriminación cuantas tantas facilidades se dan a las más extravagantes e infames opiniones, es privarnos no sólo de una esperanza de salvación, sino también del arsenal de principios que nos permiten la recuperación de la excelencia y de la dignidad agredidas. No se enciende una lámpara para ocultarla.

Ignacio Sánchez Cámara, “Vida y libertad religiosa”, ABC, 27.VII.02

El lunes pasado publiqué en estas páginas un comentario sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que concedía el amparo a unos padres, testigos de Jehová, que no habían autorizado la transfusión de sangre a su hijo menor, que falleció como consecuencia. El día siguiente, el «Diario Médico» publicaba una información que desmentía la interpretación general que se había hecho de la sentencia. Temiendo que mi comentario hubiera podido resultar sesgado por esa interpretación dominante, analicé el texto de la sentencia. Después de la lectura, mantengo en líneas generales, y salvo algún matiz, la tesis fundamental de mi artículo. Pienso que la sentencia del Constitucional concede un valor excesivo a la autonomía de un menor, incluye la negativa a la transfusión dentro del contenido del derecho a la integridad física y, sobre todo, hace prevalecer de hecho la libertad religiosa de los padres sobre el derecho a la vida y a la salud del menor y permite exceptuar la aplicación de preceptos del Código Penal por motivos de conciencia.

El argumento decisivo, si no me equivoco, parte de que los padres no se opusieron a la transfusión cuando fue ordenada por el juez, aunque tampoco la autorizaron ni obligaron a su hijo a someterse a ella. Esta circunstancia, dada la condición de testigos de Jehová de los padres y del hijo, y el hecho de que éste se opusiera, inclinan al Tribunal a estimar el amparo, pues obligar a los padres a algo más habría violentado su derecho a la libertad religiosa. Es verdad que no se trata, pues, de una preferencia sin más de la libertad religiosa sobre el derecho a la vida. El conflicto se da entre la condición de los padres de garantes de los derechos del menor y su derecho a la libertad religiosa. Pero esto, con ser verdad, no rebasa la condición de mera estratagema jurídica, pues la consecuencia del amparo es que prevalece la libertad religiosa sobre el deber de garantizar el derecho a la vida del hijo, con lo que, en definitiva, prevalece la libertad religiosa sobre la vida del menor. Si no, ciertamente, en general, sí en el caso juzgado.

El titular del «Diario Médico» afirma: «El TC no ha supeditado la vida del menor a la libertad religiosa». De la lectura de la sentencia cabe deducir que, en general, no, pero sí en el caso juzgado, pues los padres, por ser testigos de Jehová, no estarían obligados a forzar a su hijo a aceptar la transfusión. El Constitucional estima que no pueden ser condenados por el delito de homicidio por omisión ya que acataron la orden judicial de practicar la transfusión, pero, a la vez, hay que recordar que, antes de ella, se habían opuesto y después se negaron a convencer y a obligar al menor. Lo decisivo es que si los padres no hubieran sido testigos de Jehová, sí habrían sido condenados. Es el hecho de profesar una determinada creencia religiosa lo que, según el Constitucional, les hace acreedores al amparo. Algo que para cualquier persona sería delito, deja de serlo para un testigo de Jehová. Me temo que el principio de legalidad penal y el valor del derecho a la vida se resientan algo en una sentencia que, por otra parte, recoge una tesis anterior del mismo Tribunal que afirma que «el derecho fundamental a la vida tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte». Al parecer, uno no tiene derecho a matarse, pero sí a dejarse morir, aunque se tengan trece años. Pido disculpas al lector por la insistencia, pero creo que el asunto lo merece.