Jorge Otaduy, “Quien elige religión católica desea lo que enseña la Iglesia católica”, PUP, 23.X.2001

Jorge Otaduy, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Navarra, explica las peculiaridades de la enseñanza de la religión en los centros públicos, según la legislación española y fruto del Acuerdo con la Santa Sede. Para el profesor Otaduy se trata, en efecto, de una relación laboral atípica consecuencia de su doble dependencia: respecto de la Administración Pública y de la Iglesia. Continuar leyendo “Jorge Otaduy, “Quien elige religión católica desea lo que enseña la Iglesia católica”, PUP, 23.X.2001″

Rafael Navarro-Valls, “Los contratos del profesorado de religión en España”, PUP, 18.X.2001

El Profesor Rafael Navarro-Valls, Catedrático de la Universidad Complutense y Secretario General de la Real Academia Española de Jurisprudencia responde a las preguntas que le ha formulado nuestro redactor Óscar Garrido con motivo de la presentación en el Congreso por parte de Izquierda Unida de una moción y anteriormente una proposición no de ley en la que denunciaba que el despido de Resurrección Galera vulnera una serie de derechos constitucionales: la libertad de expresión y libertad de cátedra, derecho a la intimidad y derecho al trabajo.

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Ignacio Sánchez Cámara, “La barbarie, contra la religión”, ABC, 8.X.2001

La barbarie del 11 de septiembre, y el fundamentalismo fanático del que se nutre, ha servido para cargar las baterías de los enemigos de la religiosidad.

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Paul Johnson, “El albor de una nueva era”, El Mundo, 19.IX.2001

¿Seremos testigos de un cambio dramático en el ánimo popular del mundo occidental? El siglo XX -el Siglo Americano, como se le ha llamado a menudo- ha sido la Era del Liberalismo. En los inicios de este siglo XXI el poder económico y la preponderancia militar de Estados Unidos son mayores que nunca. Pero yo siento que este cataclismo por el que está pasando el país va a traer como resultado un endurecimiento de las mentes y los corazones estadounidenses, cuya primera advertencia será la respuesta militar que se va a dar contra los enemigos de la nación. Y cuando Estados Unidos emprende algo, el resto del mundo le sigue.

¿Está a punto de convertirse este siglo XXI en la Era de la Reacción, en la que el reloj de los tiempos de nuevo se encamine firmemente hacia la severidad, la disciplina y la aplicación inexorable de la ley? (…) El vocabulario más apropiado para la respuesta estadounidense deberá venir marcado por expresiones tales como desquite y severidad, implacabilidad y justo castigo; es necesario aplicar las leyes, tanto nacionales como internacionales, con el máximo rigor e imponerlas a un mundo sin ley, aun a expensas de cualquier otra consideración.

Es mediodía y el sheriff ya se ha puesto su estrella y ha reclutado al pueblo entero para que le ayude a enfrentarse contra el Mal. Las consecuencias de todo esto se habrán de ver muy pronto en una legislación de emergencia -posiblemente con enmiendas a la Constitución- en cuantiosos gastos de dinero y de poder industrial, en la creación de nuevas fuerzas y armamento y en operaciones militares de gran envergadura y complejidad.

En este proceso, la necesidad urgente de seguridad tiene que echar el telón sobre un siglo de liberalismo y permisividad. Y no deben confinarse estos cambios de ánimo y dirección exclusivamente en la lucha contra el terrorismo.

Al igual que en el siglo XX las nociones liberales acabaron apoderándose de todos los ámbitos de nuestra sociedad -desde el sexo y los medios de comunicación hasta el crimen y su castigo, desde el matrimonio a la vida familiar y desde las relaciones entre padres e hijos a la sustitución de la tradicional noción del deber por los derechos universales- la reacción ahora frente a esos desacreditados valores se extenderá gradualmente, aunque con rapidez cada vez mayor, hasta alcanzar los últimos rincones de nuestras permisivas sociedades.

Esta reacción debe afectar, también, a asuntos tales como el divorcio, el aborto y la ilegitimidad, a la naturaleza de la educación, al comportamiento en las universidades, a la formación de la juventud, a la gestión de becas y, no como tema menor, al futuro de la religión y de los dictados fundamentales de la moralidad. De esta manera, nos encontraremos en un mundo nuevo y más severo, pero también más seguro y estable.

Muchos millones de personas, consternadas ante la forma en que la sociedad fue yendo a la deriva y degenerándose, vienen anhelando este tipo de cambios durante largo tiempo, desesperándose por lograrlos.

Pero los historiadores sabemos muy bien que un acontecimiento súbito y horrendo puede dar lugar a cambios fundamentales en la actitud general. Así, por ejemplo, la etapa del terror de la Revolución Francesa en 1790 conmocionó al mundo, produciendo como consecuencia un renacimiento religioso que culminó en una recuperación de valores que, a su vez, condujo a las certezas de la época victoriana.

El asalto terrorista contra Estados Unidos -y la respuesta que a continuación se producirá- puede suponer un acontecimiento de características muy similares y capaz, por tanto, de poner en marcha un retorno a la noción tradicional del Bien y del Mal.

Estos días, quizá, nos estemos situando en el umbral de una nueva era que alterará no sólo nuestras propias vidas sino, también, las de nuestros biznietos. Y si esto es así, quiero darle la bienvenida con toda mi inteligencia y todo mi corazón a este evento. Y usted también debería hacerlo.

Paul Johnson es historiador e intelectual británico, autor de “Los intelectuales”, “El nacimiento del mundo moderno”, “La Historia del siglo XX”, y “La búsqueda de Dios: una peregrinación personal”, entre otras obras.

Ignacio Aréchaga, “Polémica en torno a los profesores de religión”, Aceprensa, 12.IX.2001

El comienzo del curso escolar en España se ha visto agitado por la polémica en torno a los despidos –así los llaman los periódicos– de dos profesoras de Religión católica. La Iglesia insiste en que no se trata de despidos, sino más bien de la no propuesta por parte de dos obispos de sendas profesoras de Religión para el curso 2001-2002. La virulencia de los ataques y descalificaciones contra la actuación de la Jerarquía católica por parte de algunos medios de comunicación está siendo notable.

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Juan Manuel de Prada, “Apoteosis del estridentismo” (profesores de religión), ABC, 10.IX.2001

El sensacionalismo, el amarillismo, todas aquellas estrategias charcuteras que postulaban la deformación cochina de la realidad, palidecen ante las nuevas técnicas desarrolladas por los medios de adoctrinamiento de masas. Al menos, aquellas antiguas tretas del periodismo se sustentaban sobre la existencia de una noticia, o siquiera de un atisbo de noticia, que se engordaba con delirantes y calumniosas carnazas. Ahora la treta consiste en inventar, en «producir» la noticia, y en cocinarla muy cuidadosamente, para que su irrupción en la realidad provoque un clima de histeria disparatada y estridente; no hace falta añadir que esta invención nunca es ingenua, sino que anhela la ruina de personas o instituciones, apelando a los bajos instintos de la masa manipulada, a sus sentimientos más ofuscados, a veces mediante coartadas dudosamente compasivas. Ejemplos de este estridentismo los hay a patadas; pero sin duda una de sus víctimas más asediadas, por razones de odio atávico o simple ojeriza cantamañanas, es la Iglesia católica. Nada más higiénico y saludable que mantener sobre la Iglesia una labor vigilante de escrutinio que repruebe sus abusos de poder; nada tan abyecto y demagógico como someter a zafarrancho periodístico el uso legítimo de sus atribuciones.

Este asunto de los profesores de Religión destituidos cumple a machamartillo todos los requisitos del estridentismo más cochambroso. Se trata de un caso en el que los medios de adoctrinamiento de masas, con avilantez y desparpajo, utilizan la tribulación particular de los profesores destituidos para lanzar un mensaje avieso a la sociedad, sin importarles que dicho mensaje pisotee la letra y el espíritu de las leyes, amén del sentido común. No importa que esa atribulación particular de los profesores destituidos sea fruto de una decisión voluntaria y contraria a las más elementales «reglas del juego» que pretenden jugar; no importa tampoco que existan unos tratados internacionales que obligan a dos Estados soberanos, España y El Vaticano. El estridentismo de los medios de adoctrinamiento de masas se pasa por el forro de los cojones (perdón, quiero decir escroto) todas estas premisas, en su anhelo de hacer sangre y causar escándalo; sólo interesa la «producción» de una noticia.

Repasemos un poquito el especial marco jurídico en el que se desenvuelve la labor docente de los profesores de religión. El Estado español reconoce a la Iglesia su competencia para elegir a las personas idóneas en el desempeño de esta labor; también su facultad para removerlos de su puesto, cuando esas condiciones de idoneidad se infringen o incumplen. Que yo sepa, a nadie se le obliga a dar clase de religión con una pistola en el pecho; así que se da por sobrentendido que quien se postula a este puesto está dispuesto a transmitir las enseñanzas de la Iglesia y a predicar con el ejemplo. Si la Iglesia enseña que el matrimonio es un sacramento indisoluble (lo cual puede parecernos un axioma o una paparrucha irrisoria, pero nuestra opinión no importa, puesto que las enseñanzas de la Iglesia sólo vinculan a quienes profesan su fe), ¿por qué demonios ha de mantener en su labor docente a quien no acata esa enseñanza? Un asunto tan de perogrullo ha sido encumbrado a la categoría de noticia mediante argumentos chuscos o estrafalarios en los que se invocan Derechos Fundamentales y Demás Grandilocuencias Relumbrantes. A esta munición de argumentos turulatos ha contribuido, incluso, este periódico con un editorial en el que se fundamentaba el rapapolvo a los obispos en razones de conveniencia social y en la aplicación urbi et orbi del artículo 14 de la Constitución. Aprovechando este clima de estridentismo, mañana podría encontrar apoyo en los medios de adoctrinamiento de masas un soldado profesional que, tras jurar bandera, se negase a empuñar un arma y fuese expulsado del Ejército. ¡Igualdad a granel, que la Constitución nos ampara!

Ignacio Sánchez Cámara, “Profesores de religión”, ABC, 8.IX.2001

La oposición, casi unánime, suscitada por la decisión episcopal de no renovar el contrato de una profesora de Religión Católica de un centro público por haber contraído matrimonio civil con un divorciado, caso al que se han añadido otros dos más por distintos motivos, se basa, si no estoy equivocado, en una consideración parcial del asunto. Casi todos los argumentos se centran en el evidente perjuicio personal sufrido por la profesora como consecuencia del ejercicio de un derecho civil, pero omiten el derecho de la Iglesia Católica a enseñar su doctrina y, por tanto, a determinar quiénes la enseñan. Con ánimo de contribuir a completar tan parcial debate van las siguientes consideraciones, que no certezas.

El aspecto legal no parece ofrecer dudas. La asignatura se denomina «Religión Católica», no «Religión» sin más. Se trata, pues, de una enseñanza confesional aunque se imparta en un centro público de un Estado no confesional. Es el resultado de un compromiso contraído por el Estado con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas, que también designan en su caso a sus propios profesores. La Iglesia tiene, pues, el derecho de nombrar a los profesores de Religión Católica y, por lo tanto, también el de proponer la no renovación de sus contratos. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que incluye entre los requisitos de idoneidad del profesor de Religión el que no mantenga, de modo público y notorio, un modo de vida institucionalizado contrario a la enseñanza que imparte. Mas un derecho puede ser ejercido sabia o torpemente, prudente o imprudentemente. Entramos, pues, en el terreno de la evaluación moral de la legal decisión episcopal. Debo confesar que prefiero la Iglesia del perdón a la del castigo, y que, uno de los pasajes evangélicos que siempre me impresiona más es el de la adúltera perdonada porque aúna la intransigencia ante el pecado con la indulgencia hacia el pecador. En este caso, lo decisivo es determinar si la enseñanza de la profesora se adecuaba o no a la Religión y a la Moral católicas. Si hubiera que exigir un cumplimiento perfecto, nadie podría ser profesor de Religión ni obispo. El problema consiste en valorar si quien incumple de modo público y continuado la Moral que enseña puede o no cumplir con el requisito necesario de la ejemplaridad. En cuestiones de enseñanza moral tiene que existir una coherencia mínima entre vida y doctrina. Si la profesora no ha incumplido ningún deber laboral, tiene todo el derecho a continuar en su puesto de trabajo, mas no a hacerlo en nombre de la misma Iglesia cuya doctrina públicamente incumple. Por lo demás, siempre cabe la posibilidad de que sea contratada para enseñar otra asignatura no confesional como la Ética, lo que permitiría hacer compatibles los dos derechos en conflicto.

Una cosa es la prudencia y la adaptación a los tiempos y otra claudicar ante la eventual opinión mayoritaria de la sociedad. No parece que su fundador encomendara a la Iglesia Católica la misión de acomodarse a los criterios dominantes en la sociedad sino la de enseñar su mensaje aun arriesgando la vida si fuera necesario. Tampoco parece que los primeros cristianos se atuvieran a los criterios morales dominantes en la sociedad romana. Lo que también debería ser motivo de reflexión para sus responsables es la razón del aumento de la distancia entre sus enseñanzas y el rumbo de la sociedad, y también los efectos que la decisión adoptada y, quizá sobre todo, la manera de presentarla y defenderla, pueden provocar en la opinión pública y en la conciencia de la profesora cesante. Mas una cosa es la comprensión y la tolerancia y otra renunciar a determinar quién puede enseñar la propia doctrina y cuál es el genuino contenido de ella.