Ignacio Sánchez Cámara, “Sobre un tópico democrático”, ABC, 17.XI.01

Se sostiene con frecuencia la opinión de que en una democracia se puede defender cualquier idea o pretensión, siempre que se excluya la violencia. (…) La idea puede resultar, sin embargo, algo confusa y, de cualquier manera, muchos de sus partidarios tal vez no apliquen la misma tesis a otros casos. El «puede» ya resulta sospechoso por ambiguo. Parece entrañar la idea de licitud o de legitimidad o de que algo debe ser admitido o tolerado. No pretendo tanto mostrar su falsedad como su falta de claridad y la posible incongruencia en que incurren muchos de sus partidarios. Se trata de una extensión, tal vez injustificada, de una tesis irreprochable, al menos desde la perspectiva liberal. Las opiniones no delinquen. Es verdad. Pero eso no impide que existan delitos que se consuman por el solo ejercicio de la palabra. Por ejemplo, la injuria, la calumnia y la inducción a la comisión de un delito. También son ilícitos los atentados verbales contra el honor de las personas. Las opiniones no delinquen, pero las palabras pueden ser delictivas.

Las democracias deben tolerar las opiniones que se oponen a ella. Lo que ya no está tan claro es que deban tolerar también a las organizaciones o grupos que atenten contra sus principios y valores fundamentales. Y el límite no se encuentra quizá en el ejercicio de la violencia. Pensemos en el caso de una asociación que promueva pacíficamente la legalización de la tortura, o la supresión del sufragio femenino, o la exclusión de los derechos civiles a una minoría racial, o su expulsión del territorio de la nación. En este caso, no nos encontramos ante una mera opinión sino ante una organización que aspira a subvertir los principios y valores fundamentales de una sociedad democrática. En este supuesto, la permisividad resulta, al menos, discutible. Si es obligado tolerar cualquier pretensión que no aspire a imponerse violentamente, no resulta entonces fácil justificar que, por ejemplo, la apología del racismo pueda ser tipificada como delito. No digamos ya expedientar a un profesor por proferir opiniones sexistas. No me pronuncio ahora sobre el fondo del problema. Sólo dudo de que sea coherente asentar el principio de que toda reivindicación no violenta es aceptable, para después negarlo ante ciertas pretensiones concretas. (…)