La vida pública española empieza a registrar episodios de desvarío antirreligioso (o, más estrictamente, anticatólico) que computaríamos como manifestaciones de cierta vocación esperpéntica muy típicamente autóctona si no fuera porque la experiencia histórica nos enseña que tales intemperancias suelen acabar como el rosario de la aurora. El llamado Consejo Escolar de Estado acaba de evacuar un documento (que imaginamos salpicado de espumarajos) en el que se exhorta al Gobierno a «derogar» el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, por considerarlo contrario a la Constitución. La razón que invoca este cónclave de lumbreras y cráneos privilegiados hace palidecer las astucias de Licurgo: en dicho Acuerdo, se especifica que, «en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana», extremo que a estos andobas se les antoja de una inconstitucionalidad que te cagas. El cerrilismo de la petición lo delata su formulación misma, que desconoce la naturaleza jurídica de los tratados internacionales, al reclamar su «derogación», en lugar de su denuncia. Pero quizá reclamar precisiones terminológicas tan finas a estos andobas sea como pedir peras al olmo.
Suele ocurrir que quien se llena la boca con la Constitución sólo desea hacer gárgaras con ella, para luego escupirla, convertida en un gargajo irreconocible. A los andobas del Consejo Escolar se les antoja inconstitucional que la educación impartida en los centros docentes sea respetuosa con los valores de la ética cristiana. Pero el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede no afirma que dichos centros deban comulgar con estos valores, ni asumirlos como propios, sino tan sólo respetarlos. ¿Acaso la garantía de la libertad religiosa no exige el respeto de las creencias de cada individuo? La educación impartida en centros docentes públicos ha de ser igualmente respetuosa con los valores de cualquier ética, sea cristiana o budista, siempre que no atenten contra los derechos del hombre, la convivencia democrática o el orden público; eventualidades que, desde luego, los valores de la ética cristiana no promueven.
Llama poderosamente la atención (y desenmascara a los andobas del Consejo Escolar) que, en una época que predica la tolerancia a troche y moche, se puedan proferir impunemente estas bestialidades. Salvo que aceptemos que la tan cacareada tolerancia es en realidad la coartada con que se disfraza la persecución; pues lo que los andobas del Consejo Escolar preconizan no es sino la «derogación» de la libertad de conciencia, o, mejor dicho, de determinadas conciencias. En su obcecamiento, no vacilan en retozar por los andurriales de la ilegalidad; y así, en su documento solicitan que los profesores de religión sean excluidos del claustro y que su asignatura se imparta fuera del horario escolar, en flagrante discriminación de los alumnos que opten por cursarla. A nadie se le escapa -salvo que las anteojeras del dogmatismo cieguen su ecuanimidad- que dicho documento ha sido inspirado por un resentimiento que sólo admite una explicación patológica. Cada cual es muy libre de alimentar las pasiones más mezquinas; menos comprensible resulta que el Estado erija a quienes las instigan en consejeros de su política educativa.
Hubo en Grecia un andoba -cuyo nombre omitiremos, para humillar su afán de notoriedad- que quiso inmortalizar su nombre prendiendo fuego al templo de Artemisa. La ajetreada historia de España se ha significado siempre por desdeñar las enseñanzas de la Antigüedad: aquí, en lugar de ningunear a los andobas que disfrutan quemando templos, se les concede púlpito y predicamento.