Pío Moa, “Razones de la persecución a la Iglesia”, La libertad digital, 19.V.02

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La institución como sus doctrinas constituían un obstáculo al imperio de la razón y la libertad, según los jacobinos, o un aparato de engaño y sumisión de las masas, “opio del pueblo” en beneficio de los explotadores, según los aspirantes a la “revolución social”.

Las explicaciones comunes sobre el anticlericalismo tienen algo de verdad, pues claro está que una parte del clero sería ignorante, rutinaria y devota de los poderosos; también hubo abandono por parte de la Iglesia en el campo del sindicalismo, como han mostrado el profesor Cuenca Toribio y otros; y, en fin, hasta quizá algún fraile pudo haber disparado desde algún campanario contra los “rojos”. Pero esa no era, ni de lejos, la tónica dominante y, lo que importa más, no podía ser causa de queja, sino más bien de satisfacción para los perseguidores. De otro modo, ¡diríase que éstos anhelaban una Iglesia intelectualmente muy brillante, pastoralmente eficaz, firmemente asentada en la conciencia popular y sin un solo cura reprobable! Así, los revolucionarios estarían enfurecidos por las imperfecciones e infidelidades del clero, serían en el fondo reformadores de la Iglesia, si acaso algo drásticos en sus métodos.

La realidad es, obviamente, la opuesta. En la mentalidad revolucionaria y jacobina, la Iglesia debía ser aplastada, ya lo propuso Voltaire, como institución radicalmente “infame”. Cosa natural, pues tanto la institución como sus doctrinas constituían un obstáculo al imperio de la razón y la libertad, según los jacobinos, o un aparato de engaño y sumisión de las masas, “opio del pueblo” en beneficio de los explotadores, según los aspirantes a la “revolución social”. Sin partir de esta idea clave, las explicaciones se volverán enredos interminables, y no se entenderá nada. Desde el punto de vista revolucionario, las mayores o menores virtudes del clero carecían de todo significado real, no pasaban de ilusiones o hipocresía. Más aún, debían ser especialmente atacadas y negadas, por cuanto daban a la Iglesia prestigio e influencia entre las masas, y contribuían, por tanto, a alejar el mundo nuevo y feliz guiado por la razón y la ciencia. En cuanto a los defectos eclesiales, con tan poco sentido como las virtudes, valían sólo como buenos pretextos o motivos de propaganda y movilización. Sea como fuere, la persecución nació de las virtudes que daban prestigio al clero, más bien que de sus defectos, muy convenientes, pues el objetivo real era, evidentemente, la destrucción de la Iglesia, considerada por aquellas ideologías “reaccionaria”, enemiga del “progreso” e históricamente condenada.

A esta consideración general y doctrinaria debe añadirse la concepción profundamente negativa de la historia de España, común a casi todas las izquierdas y a una parte de las derechas. Para todos ellos dicha historia venía a ser una enfermedad, como sentenció Ortega, comparada por Azaña, en alguna ocasión, a la sífilis. Ahora llegaban las nuevas fuerzas políticas a enderezar el nefasto rumbo de siglos, y una de sus tareas esenciales había de consistir en erradicar un componente muy destacado de la vieja tradición española: el catolicismo.

Aun teniendo esto en cuenta, queda por explicar la crueldad y la furia de la persecución desatada por el Frente Popular. Creo que al respecto deben tenerse en cuenta dos elementos. Por una parte la exigencia tradicional republicana de una revolución “ferozmente sangrienta”, en palabras de uno de sus más loados pedagogos, Ferrer Guardia. Invocación también habitual en el anarquismo y llevada a la práctica por los comunistas en Rusia, modelo para buena parte de la izquierda de entonces. Incluso los izquierdistas más pacíficos mostraron siguen mostrando indiferencia hacia los perseguidos. Azaña, por ejemplo, se queja en sus diarios de guerra de todo lo habido y por haber, pero no dedica apenas atención al asunto, pese a conocerlo bien, entre otras cosas porque le afectaba directamente: los profesores que le habían instruido (mal, a su juicio) en El Escorial, habían sido prácticamente exterminados.

El 6 de septiembre de 1937 recibió a uno de los escasísimos supervivientes, a quien se dedicó a adoctrinar y a quien muestra patéticamente asustado y dándole la razón en todo: las víctimas eran las culpables, por no haber querido bastante a la república que desde el principio las agredió y persiguió sin tregua. Esta mezcla de insensibilidad y actitud justificativa en quienes pasaban por más razonables, supuso complicidad con la masacre, y se resume en la leyenda habitual: los autores de las matanzas no eran bandas de asesinos, sino “el pueblo”. Nada menos.

Otro factor que seguramente contribuyó a la ferocidad de la persecución fue la campaña sobre la represión de Asturias a raíz de la insurrección de octubre de 1934. Según dicha campaña, el gobierno de centro derecha se había cebado con los mineros y sus familias, en una orgía de asesinatos masivos, torturas, violaciones, saqueos y otros abusos. Tales informes tuvieron una trascendencia histórica difícil de exagerar, aunque no siempre apreciada en todo su alcance. Influyeron de forma decisiva en la formación de la alianza de las izquierdas conocida como Frente Popular, constituyeron el eje de la campaña electoral de dicho frente y, sobre todo, dieron al ambiente del país un peculiar tono de exaltación. La insurrección de octubre había fracasado en buena medida por no existir aún un clima de guerra civil entre las masas, las cuales desoyeron las incitaciones de los dirigentes izquierdistas a alzarse en armas. Pero en 1936 se había extendido un estado de ánimo mucho más violento. Aquella sangre y aquellas torturas pedían venganza, y parece explicable, aunque triste, que mucha gente actuase luego bajo la indignación y la furia por lo ocurrido en Asturias.

La campaña, llevada a cabo sin descanso meses y meses, dentro y fuera de España, tuvo tal repercusión que todavía hoy son muchos los historiadores más extranjeros que españoles que dan por buenas y básicamente correctas sus acusaciones. Sin embargo es fácil apreciar numerosas contradicciones en ellas, como he mostrado en El derrumbe de la II República; y, sobre todo, resulta reveladora la falta de ganas de las izquierdas por investigar los hechos cuando volvieron al poder, en febrero del 36, pese a que en su programa figuraba la aclaración de las responsabilidades. Gil-Robles les instó a hacerlo desde las Cortes, pero no hubo manera. En las primeras semanas se formó una comisión investigadora, encabezada por Dolores Ibárruri, y de ella nunca más se supo, ni su directora la menciona siquiera en sus memorias, pese a que demostrar la veracidad de la campaña habría sido un tanto político de enorme valor para la izquierda. Por supuesto, La Pasionaria no dejó un momento de insistir en los tópicos de la represión de Asturias, que tan poco interés tenía en clarificar.

La campaña fue, sin embargo, un modelo en su género: creó el apasionamiento necesario para la guerra civil, una manifestación del cual fue, con toda probabilidad, la crueldad de la persecución religiosa, generalmente considerada la más intensa y sangrienta sufrida por la Iglesia católica en toda su historia. La prensa izquierdista de entonces publica comentarios y declaraciones de líderes que rezuman satisfacción por la erradicación del mal, y la consiguiente apertura del país a la libertad y el progreso.

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