Juan Pablo II, “No al ensañamiento terapéutico”, Zenit, 26.III.2002

JUAN PABLO II ALERTA ANTE EL ENSAÑAMIENTO TERAPÉUTICO Recibe a la Organización Mundial de Gastroenterología CIUDAD DEL VATICANO, 26 marzo 2002 (ZENIT).- En un momento en el que la actualidad internacional lleva a la Iglesia a recordar su oposición a la eutanasia, Juan Pablo II ha alertado ante el «ensañamiento terapéutico», y exhorta a ensañarse en la investigación médica.

El llamamiento pontificio tuvo lugar este sábado, 23 de marzo, al recibir a una delegación de miembros de Organización Mundial de Gastroenterología, que se reunieron en Roma para afrontar la prevención del cáncer en el aparato digestivo.

La organización, fundada en París en 1954, reagrupa en estos momentos a 88 asociaciones nacionales.

«Un exasperado ensañamiento terapéutico, incluso con las mejores intenciones, además de ser inútil, no respetaría en definitiva plenamente al enfermo, que ha llegado ya a un estado terminal», afirmó el Papa.

El pontífice constató «la creciente disponibilidad de recursos técnicos y farmacológicos que permiten discernir con prontitud, en la mayoría de los casos, los síntomas del cáncer e intervenir así con mayor rapidez y eficacia».

Por eso, invitó a los doctores a «proseguir con confianza y tenacidad la investigación y la terapia, empleando los recursos científicos mas avanzados».

Por lo que se refiere a sus relaciones con los pacientes, el obispo de Roma recordó a los médicos que «el ser humano es limitado y mortal».

«Hay que acercarse al paciente con un sano realismo que impida dar a la persona que sufre la ilusión de la omnipotencia de la medicina –aconsejó–. Hay límites que no es humanamente posible superar; en esos casos es necesario saber aceptar con serenidad la propia condición humana, que el creyente sabe leer a la luz de la divina providencia».

Juan Pablo II recordó que «la complejidad de la persona humana exige que, a la hora de suministrar el tratamiento necesario, se tome en consideración tanto el espíritu como el cuerpo. Sería presuntuoso contar solo con la tecnología».

«El concepto de salud, tan querido al pensamiento cristiano, contrasta con una visión que la reduce a un mero equilibrio psico-físico –siguió diciendo–. Esa visión olvida la dimensión espiritual de la persona y acabaría poniendo en peligro el verdadero bien».

Con este espíritu, concluyó, «informar a los ciudadanos con respeto y verdad, especialmente cuando están afectados por situaciones patológicas, constituye una auténtica misión para quienes tienen a su cargo la salud pública».

Tomado de Zenit, ZS02032607

Ignacio Sánchez Cámara, “Vida digna”, La Gaceta, 18.III.2007

El fallecimiento de Inmaculada Echeverría tiene que merecer el sentimiento de condolencia y el respeto ante su sufrimiento. El dolor, lo sepa o no quien lo sufre, siempre redime. El respeto incondicionado a la persona no impide la valoración moral de sus decisiones, que nada tiene que ver con el juicio, absolución o condena. La evaluación moral de las conductas y de las personas persigue determinar si han optado por lo mejor, por un valor positivo, por el valor más elevado. No cabe mayor respeto a una persona que tratarla como ser libre, como fin en sí, como poseedora de una dignidad que trasciende la vida.

Y ha surgido la polémica acerca de si el caso se puede o no considerar como eutanasia. El asunto no es fácil pues se encuentra en el límite. Los conceptos no poseen en muchos casos límite o fronteras precisos. Desde luego, no es un caso de eutanasia activa, que consiste en producir directamente el fallecimiento del paciente. Evidentemente, tampoco estamos ante un caso ilícito de encarnizamiento terapéutico, que utiliza medios extraordinarios para prolongar la vida del paciente. El caso está más bien en la frontera entre la eutanasia pasiva o por omisión (en este caso, retirada) de un medio habitual de mantener con vida al paciente o, por el contrario, ante la legítima renuncia por parte del paciente a una concreta terapia médica. Con todas las cautelas, según mi criterio, se trata más bien de un caso asimilable a la eutanasia, ya que la respiración asistida, como la alimentación mediante sonda gástrica o por vía parenteral, no constituyen terapias desproporcionadas, sino tratamientos habituales y comunes. Sin embargo, es comprensible la opinión de quienes estiman que, por el contrario, se trata, en cualquier caso, de un procedimiento terapéutico al que legítimamente puede renunciar el paciente. De lo que no cabe dudar es de la existencia de una relación de causalidad directa entre la retirada de la respiración asistida y la muerte del paciente.

Lo que ya no comprendo es la utilización mediática del caso para intentar reabrir un debate sobre la eutanasia, sobre todo por parte de quienes consideran que no estamos ante un caso de eutanasia, y el empeño por convertir el suicidio en un derecho. Cuando se piensa que hay derecho a todo y se eclipsan los deberes, no es extraño que se defienda un extravagante derecho a morir. Con independencia de la debida distinción entre la moral y el derecho, existen fuertes razones para oponerse a la legalización de la eutanasia. La principal es la obligación de la sociedad de respetar y defender, en todos los casos, la vida humana. Tampoco cabe apelar al progreso, pues su práctica fue frecuente en el pasado y su prohibición constituye un avance en el proceso de humanización, ni a la autonomía de la voluntad, ya que exige la colaboración de la sociedad y no es, por tanto, un mero asunto personal. Por lo demás, no comparto la pretensión de convertir a quienes prefieren morir a padecer el dolor en algo así como héroes. Me parece mucho más heroica y ejemplar la actitud de quienes prefieren, a pesar de todo, seguir viviendo.

La vida humana siempre es digna, incluida, por supuesto, la de los enfermos incurables o terminales. Incluso en cierto sentido es aún más merecedora de apoyo y defensa, pues es más débil. El objetivo de la Medicina no puede ser prostituido. Consiste en curar y aliviar el dolor; nunca en matar. La obligación de los familiares, amigos y de la sociedad entera debe ser contribuir a paliar o atenuar ese dolor y, mediante el amor, mostrar que toda vida humana merece ser vivida. Quien ama y es amado no desea nunca morir, sino vivir para siempre. Lo que hay que hacer es abandonar lo que bien podría calificarse como una «cultura de la muerte», y valerse del talento humano para combatir las enfermedades y paliar sus efectos. En este sentido mucho es lo que cabe esperar de la ciencia, y, más aún de la generosidad y solidaridad humanas. Todo deseo de la muerte entraña un fracaso de la vida. Lo que más admiración merece es la decisión de vivir de quienes, sufrientes e incapaces de valerse por sí mismos, siguen luchando. Quizá no sepan el tamaño y la fuerza del valor que tiene su heroísmo, para ellas y para los demás. Aunque ciertamente el heroísmo no puede constituir una obligación jurídica, sino una actitud moral, una sociedad que, renunciando a la defensa de la vida, acepta el aborto libre, la eutanasia y la pena de muerte, camina por la senda del envilecimiento.

La eutanasia no es un mal sólo por los abusos a que puede dar lugar. Ella misma, su uso es, de suyo, un abuso. Por lo demás, el objetivo de la moral no consiste en promover la «buena muerte», la «muerte digna», sino en proponer la vida buena. Y una buena muerte no es sino aquella que pone fin (para los creyentes, sólo terrenal) a una vida buena. Toda vida, sin restricción alguna, es digna.

Ignacio Sánchez Cámara, “La buena muerte”, La Gaceta, 22.I.2007

Con el mayor despliegue propagandístico, el más poderoso grupo mediático de España vuelve a exhibir su campaña en favor de la legalización de la cooperación al suicidio, o, si se prefiere, su apología de la muerte voluntaria y del asesinato filantrópico. Al menos, el debate sobre la llamada eutanasia opera contra el ocultamiento posmoderno de la muerte. En una de sus acepciones esenciales, la filosofía es tendencia hacia la muerte. Así se recoge en el diálogo platónico Fedón: «Todos aquellos que se ocupan en debida forma con la filosofía parecen, en efecto, ocultos como están ante los demás hombres, no haber puesto sus miras en otra cosa, sino en sucumbir y en estar muertos». Bien es verdad que se refiere a la búsqueda de la verdadera vida, de la inmortal. Es una forma precristiana del «muero porque no muero». Para mentalidades laicas, acaso convenga recordar la tesis de Wittgenstein de que la muerte no es un acontecimiento de la vida, y la idea de Spinoza de que en nada piensa menos el hombre libre que en la muerte. Respeto a quien desea morir (todo hombre es acreedor al respeto por su mera condición personal), mas no veo nada heroico en su decisión. Mucho más mérito me parece que tiene quien acepta el dolor y valora y dice siempre sí a la vida. Nunca sabremos el valor que puede llegar a tener nuestro sacrificio, ni el dolor que nuestra muerte puede causar a otros. Lo que es absurdo e insufrible para uno puede constituir para los demás un ejemplo o, incluso, su salvación. Es equivocado considerar que la vida sólo es digna bajo ciertas condiciones. La vida es un don que no se recibe a beneficio de inventario. ¿Es que, acaso, es menos digna la vida de los enfermos incurables o terminales que deciden seguir viviendo? Por lo demás, el de eutanasia es un pésimo término para designar lo que pretende. No hay otra buena muerte que la que pone fin (para los creyentes en la inmortalidad, un final sólo mundano o terreno) a una vida buena. Es grave irresponsabilidad promover una decisión definitiva y mortal para quienes pueden padecer un transitorio episodio depresivo. Se invoca la libertad. Pero, ¿es imposible manipular la voluntad de quien sufre? ¿No es irresponsable ofrecerle una salida fácil a quien no tendrá la oportunidad de arrepentirse? Ni juzgo ni condeno a quien deja de desear vivir, pero eso no me permite estimar que su decisión sea igualmente valiosa y heroica que la de quien, en las mismas condiciones, quiere seguir viviendo. Nunca sabremos el efecto que nuestro eventual heroísmo puede surtir en otros, ni llegaremos a comprender cabalmente el efecto redentor del sufrimiento.

Todo lo anterior sería, a mi juicio, válido, aunque jurídicamente llegara a ser despenalizada la llamada eutanasia. Ni siquiera lo prejuzga, pues no toda la moral debe ser impuesta por el derecho. Ciertamente, tampoco se puede reducir la moral a lo jurídico. Sin embargo, sería extraño el tránsito repentino de la proscripción penal de una conducta a su recomendación como algo ejemplar. Al menos, cabría postular un periodo intermedio en el que la conducta despenalizada fuera estimada como moralmente no recomendable, aunque jurídicamente permitida. Por lo demás, la legislación española, en el artículo 143 del Código penal, castiga la inducción y la cooperación con actos necesarios al suicidio de una persona. En cualquier caso, no parece adecuado hurtar un debate a la sociedad y al poder legislativo, mediante la utilización de la vía de hecho y la impunidad consumada. Quienes propugnen la legalización del asesinato filantrópico o de la cooperación con el suicidio están legitimados, en una sociedad democrática, para defender sus posiciones y emprender un debate jurídico en el que esgriman sus argumentos, pero no lo están para vulnerar la ley ni forzar el triunfo de sus posiciones mediante la vía de hecho. Esto sería una forma ilegítima y antidemocrática de acción directa, que hurtaría algo esencial inherente a una sociedad democrática: debatir, argumentar y convencer.

Una última consideración. El poderoso grupo mediático ha hurtado a sus lectores, al menos hasta ahora, un testimonio muy relevante, el del hijo de la suicida, que ha denunciado a la Asociación en favor del Derecho a morir dignamente por haber inducido la muerte de su madre y cooperado con ella. En decisión tan íntima e irrevocable, han influido algunas personas, incluida la presencia de una periodista, pero no ha podido intervenir en ella nada menos que un hijo. La arbitrariedad de la voluntad no es criterio moral, pero incluso quienes la erigen en norma suprema deberían considerar las posibilidades de manipulación. No toda aparente decisión es libre. ¿Es seguro que no habría podido influir en la decisión fatal una opinión contraria del hijo? La opinión dominante cree que dos decisiones contrarias son igualmente respetables, pero la mía es que no pueden ser igualmente valiosas. Por mi parte, no creo que el suicidio sea una buena muerte.

Juan Manuel de Prada, “Doctor muerte”, ABC, 14.III.2005

No nos pronunciaremos aquí sobre el escándalo que en estos días sacude un hospital de Leganés. Pero este turbio asunto nos permitirá abordar un aspecto nuclear de la eutanasia que con frecuencia se soslaya, a saber: la relación que se entabla entre el médico y el enfermo. Los defensores de la eutanasia suelen presentarla como un mero acto de voluntad soberana en el que el enfermo determina los confines de su propia existencia. Podemos echarle toda la épica sentimental que deseemos a este presunto ámbito de decisión autónoma del enfermo, mas no por ello dejaremos de falsear la realidad. La eutanasia exige al menos la intervención de dos personas: se trata de una relación intersubjetiva en la que, sin embargo, uno de los sujetos participantes impone su voluntad sobre el otro. Quizá sea este componente asimétrico el que convierte la eutanasia en una relación más que discutible desde una perspectiva estrictamente jurídica: pues, o bien el enfermo se convierte en dueño de la voluntad del médico, reduciéndolo a mero instrumento de su designio, o bien -y esta posibilidad resulta aún más escalofriante- el médico se erige en señor de la vida del enfermo, arrogándose un poder desproporcionado.

En Derecho, las relaciones imponen derechos y deberes correlativos; en la eutanasia, sin embargo, el presunto «derecho a morir» del paciente no genera un deber correlativo en el médico, pues -en esto convendremos todos, incluso los más acérrimos defensores de la eutanasia- nadie puede ser obligado por un «deber de matar». Pero la naturaleza viciada de esta peculiar relación que se entabla en la eutanasia se hace todavía más notoria, más insoportablemente notoria, cuando el médico suplanta la voluntad del paciente. La intervención del médico en casos de eutanasia es siempre valorativa; y, del mismo modo que en la emisión de un diagnóstico el médico puede cometer errores, puede confundirse en la valoración de una enfermedad que juzga incurable. Los motivos de esa valoración errónea son diversos: el médico, en el desenvolvimiento de su trabajo, está sometido con frecuencia a presiones insuperables (falta de camas, necesidad perentoria de órganos para trasplantes, etcétera), pero además pueden actuar sobre su decisión razonamientos equívocos de índole ideológica, filosófica o humanitaria (máxime ahora, cuando la eutanasia se ha convertido en una medalla de santidad laica). No olvidemos que el célebre Doctor Muerte mataba a sus pacientes convencido de que les administraba un piadoso viático.

Cuando se somete a escrutinio jurídico y moral la eutanasia, sus defensores suelen partir de una situación ideal -el enfermo, en pleno uso de sus facultades mentales, demanda la muerte- que no suele producirse en la realidad. A la postre, en la mayoría de los casos de eutanasia el enfermo carece de voluntad, o, si la posee, está muy gravemente viciada: a veces, confunde el sufrimiento con el deseo de morir; a veces, solicita la muerte convencido de que si sigue viviendo se convertirá en una rémora para su familia; y a veces, incluso, ni siquiera puede expresar su voluntad, dada la postración en que se halla. La existencia de un «testamento vital» tampoco soluciona nada, pues no podemos presumir que el deseo de morir que el enfermo expresó estando lúcido no lo haya rectificado -sin haberlo podido verbalizar- durante el estado de conciencia latente al que lo ha conducido la enfermedad.

No creo que nadie defienda la eutanasia involuntaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la relación que se entabla entre médico y paciente, una de las partes intervinientes es reducida en la mayoría de las ocasiones a mero objeto sin voluntad. ¿Puede el Derecho amparar esta relación?

Juan Manuel de Prada, “Derecho a morir dignamente”, ABC, 15.I.2005

La batalla de las ideas libra su primera escaramuza en la batalla de las palabras. Quienes imponen sus acuñaciones verbales acaban, tarde o temprano, infiltrándose en el ánimo social que, al ceder a la tropelía lingüística, muestra su permeabilidad a posteriores y más definitivas claudicaciones. Cuando se inicia un proceso de tergiversación semántica podemos anticipar cuáles serán sus consecuencias, nunca inocentes. Se empieza cediendo en el significado de las palabras y se acaba entregando sin disputa la realidad que dichas palabras representan. Quienes defienden la legalización de la eutanasia han impuesto un sintagma excluyente que destierra a las tinieblas exteriores a quienes oponen reparos jurídicos, filosóficos o morales a su vindicación. Me refiero, claro está, a la expresión "derecho a morir dignamente", que los apologistas de la eutanasia al principio empleaban con un propósito eufemístico, y cuyo uso ya ha contaminado el lenguaje coloquial, incluso el lenguaje periodístico, que se presume imparcial y ecuánime. Se trata, además, de una contaminación alevosa, pues, bajo su apariencia más o menos inocua, se incluye una intención ferozmente capciosa.

Cuando decimos "derecho a morir dignamente" dictaminamos, por pura y simple eliminación, que aquellas personas que deciden soportar el dolor o los impedimentos físicos mueren "indignamente". Así se establecía, con esa sumaria caracterización que permiten las imágenes, en la reciente película de Amenábar: si en verdad el propósito de Mar adentro hubiese sido -como rezaba la propaganda- celebrar la capacidad decisoria del hombre que resuelve soberanamente si su vida merece la pena ser vivida, la opción del personaje interpretado por José María Pou se habría mostrado tan respetable -tan digna- como la del protagonista encarnado por Javier Bardem. Pero, en lugar de aspirar a comprender, en su infinita gama de matices, las diversas actitudes con las que una persona agonizante o maltrecha se enfrenta a su propia muerte, aquella película incurría en el maniqueísmo más tosco, caricaturizando al personaje que prefería seguir viviendo y elevando a los altares del santoral laico al que decidía "morir dignamente", tomándose un chupito de cianuro.

No hay tertulia radiofónica o televisiva sobre la eutanasia que no incluya la expresión mencionada como sinónimo de la eutanasia; incluso la prensa escrita incurre con frecuencia en esta perversión lingüística. Pero cada vez que, por dejadez o perfidia, se habla del "derecho a morir dignamente" se está confinando en un lazareto de proscripción a quienes, postrados en un lecho o atados a una silla de ruedas, resisten la tentación del suicidio y sobrellevan el dolor, también a quienes los asisten abnegadamente. Así, resistir a la tentación de la muerte, esforzarse por vivir y sobreponerse al sufrimiento se convierte en una "indignidad" propia de pringados; y quienes profesan esta forma de coraje son calificados -siquiera de forma tácita- de fardos que la sociedad carga con disgusto y hastío. Hoy nos conformamos con recluirlos en un gueto de "indignidad"; quizá mañana arbitremos los mecanismos legales para administrarles por obligación una muerte "digna" e indolora.

Ahora que las perversiones lingüísticas imponen su dictadura rampante, conviene que nos alimentemos con palabras que aún no hayan extraviado su significado originario. Como las que Sancho pronuncia llorando, en el capítulo último del Quijote: "No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía".

Juan Manuel de Prada, “Mar adentro”, ABC, 6.IX.2004

Después de leer quinientas o seiscientas entrevistas a Alejandro Amenábar y recensiones críticas de su película (nunca los engranajes de la propaganda se habían mostrado tan engrasados), uno llega a la conclusión de que «Mar adentro», antes que una obra de tesis, pretende ser una vindicación de la libertad del hombre para gobernar su destino. Cuando se le pregunta si aboga por la eutanasia, Amenábar esquiva la declaración tajante, para referirse a ese ámbito de autonomía personal en que cada hombre resuelve soberanamente si su vida merece o no la pena ser vivida; de este modo, la solución adoptada por Ramón Sampedro, el protagonista de la película, se presenta como un ejercicio de afirmación vitalista: el hombre es dueño de sus decisiones y, como tal, proclama su derecho a morir, libre de ataduras jurídicas o morales. La muerte se convierte así en un acto íntimo, sobre el que no ejerce imperio sino la propia conciencia; y, en consecuencia, Amenábar propone una película de corte intimista, que no aspira a juzgar las razones que impulsaron a Sampedro a abreviar sus penurias, sino a comprenderlas.

Hasta aquí las declaraciones de Amenábar, que la contemplación de «Mar adentro» desmiente concienzudamente. Pues sí, en efecto, la intención del director hubiese sido celebrar esa capacidad decisoria del hombre para determinar los confines de su propia vida, tan respetable como la solución adoptada por Sampedro resultaría la de quienes, sobreponiéndose a las calamidades que los afligen, desean seguir viviendo. Pero no. Amenábar introduce una secuencia bastante rastrera en la que se mofa de un sacerdote (al parecer inspirado en una persona real, lo cual añade vileza al asunto), paralítico como Sampedro, que afirma su ansia de vivir. Al progresismo rampante y hegemónico, que tanto se regocija con el escarnio de lo religioso (de lo cristiano, convendría precisar), esta secuencia le resultará muy graciosa y estimulante; aunque, en puridad, se trata de una caricatura gruesa, de una abyección difícilmente superable, en la que Amenábar demuestra que su intención no era comprender las razones de cada hombre, sino justificar, a través del engaño y la tergiversación de brocha gorda, las razones de su protagonista y, de paso, burlarse de quienes, en medio de la postración, aún encuentran motivos para seguir respirando. El diálogo que mantienen Sampedro y el sacerdote se presenta como una situación cómica que apela a la risa del espectador a través de recursos tan bajunos como la deformación esperpéntica y el ensañamiento bufo. Por supuesto, este diálogo incluye afirmaciones de una falsedad vomitiva (así, por ejemplo, se sostiene alegremente que la Iglesia defiende la pena de muerte), que sólo un espectador ofuscado por el odio antirreligioso podrá digerir sin repulsa.

Resulta muy difícil enjuiciar una obra tan tendenciosa y manipuladora en términos estrictamente cinematográficos. Me atreveré, no obstante, a traer a colación otro pasaje de la película sobre el que los críticos, tan sospechosamente unánimes (elogiar «Mar adentro» se ha convertido en «razón de Estado»), pasan de puntillas, temerosos de suscitar las iras de quienes manejan el cotarro. Me refiero a la secuencia de la fantasía volátil del protagonista, que se inicia con uno de esos planos de helicóptero que tanto repudian los críticos cuando se trata de denigrar una película hollywoodense y se remata con un encuentro amoroso en la playa digno de un anuncio de colonias filmado al alimón por Claude Lelouch y Franco Zeffirelli en plena resaca de anisete. Cualquier otra película que hubiese incluido esta secuencia entre sus fotogramas hubiese sido tildada de cursi y almibarada; pero la «razón de Estado» impone un deber de silencio. El silencio de los corderos, que viajan en rebaño y balan el mismo ditirambo.

Juan Manuel de Prada, “Viejos desechables”, ABC, 19.I.2004

He detectado un cierto tufillo farisaico en la conmoción social causada por esa sentencia judicial que impone a los familiares de una viejecita que había sido abandonada en la vía pública una multa ínfima. Y esa hipocresía ha alcanzado su clímax cuando se ha comparado la citada sentencia con otra que castigaba más severamente a los dueños de un perro por dejarlo tirado en similares circunstancias. Pues, no nos engañemos, hoy por hoy un perro es mucho más digno de protección que un anciano. Cierto progresismo ambiental ha enarbolado como vindicación prioritaria los llamados «derechos de los animales»; en cambio, se acepta que la vejez sea una edad excedente, una prolongación ignominiosa de la vida que conviene recluir y esconder, para que no nos recuerde la inminencia de la muerte. Quienes defienden la eutanasia activa (con frecuencia, los mismos que vindican los «derechos de los animales») habrían considerado a esa viejecita octogenaria y aquejada de Alzheimer una víctima (perdón, una beneficiaria) idónea de la muerte dulce que predican, pues, según sus presupuestos, una vida humana de la que emigrado la consciencia no merece la pena ser vivida; no así una vida animal, que merece prolongarse aunque nunca haya sido consciente. La viejecita de la sentencia, náufraga en las nieblas de la desmemoria, se había convertido ya en un cachivache desechable. El novio de una de sus nietas lo ha expresado expeditivamente: «Si no participamos en la herencia, ¿por qué teníamos que limpiarle el culo?».

Y al chavalote, de retórica tan abrupta como menesterosa, le ha faltado añadir que, a fin de cuentas, no hicieron con la abuela nada más de lo que nuestra época les ha enseñado. La vejez se ha convertido en la lepra más abominable: nos esforzamos patéticamente en rehuir su imperio recurriendo a disfraces indumentarios bochornosos, aferrándonos al cultivo de aficiones juveniles, incluso rectificando nuestras arrugas en un quirófano. Vanos y desesperados intentos de interrumpir el curso de la mera biología, que sin embargo se explican si consideramos que la vejez constituye un baldón social. No sólo la desdeñamos como depositaria de una sabiduría ancestral, también nos esforzamos por segregarla de nuestra vida: así, encerramos a los viejos en lazaretos apartados de las ciudades, para no presenciar su decrepitud; nuestras empresas se desprenden de sus trabajadores más veteranos mediante el oprobioso recurso de la «prejubilación»; en el cine y la televisión está completamente prohibido otorgar el protagonismo a actores que sobrepasen los sesenta años (algunos menos si son actrices), para los que en todo caso se reservan papeles de relleno, pintorescos o atrabiliarios. Si algún viejo se atreve a rebelarse contra esta dictadura de la juventud, negándose al ostracismo y exponiendo sus achaques a los reflectores de la atención pública, como hace el Papa, apenas logramos reprimir nuestro disgusto, pues consideramos que en ese gesto, amén de un rasgo de rebeldía, subyace un obsceno desafío que nos amedrenta.

Pero este menosprecio de la vejez no habría calado tan hondo si previamente no nos hubiésemos ocupado de arrasar los vínculos que sostienen la familia. Pues es en la familia donde adquirimos una noción verdadera de lo que significa el paso de las generaciones como vehículo transmisor de valores, afectos, cultura, creencias y sufrimientos; una vez aprendida esa enseñanza vital, resulta imposible contemplar a un viejo como un mero armatoste desechable, menos valioso que un perro. Pero cada época lega a la posteridad los frutos de su clima moral; y esa sentencia que impone a los familiares de una vieja abandonada el pago de una multa ínfima se me antoja una expresión cabal, definitoria y coherente de la época que vivimos.