19. Algunos piensan que separar chicos y chicas supone segregar y discriminar, y dicen que así lo han afirmado sentencias de altos tribunales.

Algunas personas suelen emplear habitualmente la expresión de “educación segregada”, que en castellano tiene un matiz discriminatorio o de marginación, y lo hacen con un cierto afán de estigmatizar este modelo pedagógico.

De entrada, se podría decir que esa expresión de “segregar” resulta ofensiva para los padres y madres que eligen ese tipo de enseñanza, pues ninguno de ellos desea discriminar a sus hijos. La mayoría de los que optan por la educación diferenciada para sus hijos conocen bien ese tipo de educación, y en muchos casos ellos mismos han estudiado en ella (el hecho de que en esos colegios haya un alto porcentaje que son hijos de antiguos alumnos, revela que están contentos con ese modelo). Si esa enseñanza fuera segregadora o marginadora, no la elegirían para sus hijos.

Y en cuanto a jurisprudencia española sobre la educación diferenciada, podemos decir que hay numerosas sentencias de altos tribunales que han negado taxativamente que la educación diferenciada sea discriminatoria. Su argumentación se fundamenta en el ordenamiento constitucional y en los tratados internacionales suscritos. Hay diversas sentencias recientes del Tribunal Supremo, que dejan bien claro que la enseñanza diferenciada no supone ninguna discriminación. Por ejemplo, en la página 8 de la Sentencia del Tribunal Supremo 5492/2012 se afirma que

“la educación diferenciada es perfectamente constitucional, legítima y subvencionable y su impartición no supone incumplimiento del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación. No existe en la legislación vigente disposición alguna por la que se niegue el acceso de los centros con educación diferenciada a los conciertos educativos. La educación diferenciada está amparada por nuestra Constitución al reconocer el derecho fundamental a la libre elección de centro docente por los padres y a la creación de centros con ideario o carácter propio, como parte del contenido esencial del derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución Española”.

Donde se ha centrado más recientemente el debate de esas sentencias es sobre el derecho a ser financiada con fondos públicos en igualdad de oportunidades con otras opciones. Por ejemplo, esas mismas sentencias hacen una interpretación bastante restrictiva del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, y afirman que las Comunidades Autónomas pueden decidir si la financian o no, pero esas sentencias están recurridas ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, dejaron de tener interés por quedar superadas por la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (LOMCE) de 2013, donde la nueva redacción del artículo 84.3 deja ya claro que la educación diferenciada tiene los mismos derechos que cualquier otra a recibir financiación pública.