21. ¿Qué se deduce de lo que dice la Constitución de cara a la educación diferenciada?

La libertad de enseñanza se configura como el crisol de todo un haz de derechos humanos fundamentales, entre los que figuran la libertad ideológica, de pensamiento y de expresión.

La libertad de enseñanza que explícitamente reconoce la Constitución (artículo 27.1) es un concepto complejo que abarca el conjunto de libertades y derechos de la educación. Es una proyección de la libertad ideológica y religiosa, y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente los artículos 16.1 y 20.1.a), incluye el derecho de los padres a la libre elección de centros, la libre creación de los mismos y tiene como fin último el libre desarrollo de la personalidad (artículo 27.2).

El reconocimiento de esta libertad de enseñanza en el artículo 27.1 supone la afirmación constitucional de que el derecho de todos a la educación se ha de realizar dentro de un sistema educativo plural, regido por principios de libertad. Se trata de una norma organizativa que sirve de cobertura a varias libertades concretas, así como un principio que constituye la proyección en materia educativa de dos de los “valores superiores” de nuestro ordenamiento jurídico: la libertad y el pluralismo (artículo 1.1).

La realización real y efectiva de esta libertad de enseñanza implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (artículo 27.6, STC 5/1981 y STC 38/2007, lo que supone la concreción del pluralismo educativo como algo esencial para la preservación de una sociedad democrática. De otra, implica el derecho de los padres a elegir la formación religiosa, moral y pedagógica que desean para sus hijos (artículo 27.3 y STC 5/1981) que, si bien es distinto del derecho a elegir centro docente al que se refiere el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de ordinario se hará efectivo mediante la elección de centro docente que esté de acuerdo con sus convicciones (STC 133/2010 y STC 10/2014). De ello deriva que el derecho de libre elección del centro forma parte del núcleo o contenido esencial del derecho que reconoce el artículo 27 de la Constitución.

Para ello, la Constitución prevé que, además de los centros públicos, haya otros centros privados, dotados cada uno de ellos de un “carácter propio”, de modo que los padres podrán elegir entre ellos para sentir realizado efectivamente su derecho a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (art. 18 LODE).

La educación diferenciada es un modelo de enseñanza susceptible de ser elegido por los padres para sus hijos cuando consideren que sea lo más adecuado a sus convicciones pedagógicas, por lo que es preciso que existan centros docentes que la impartan y la establezcan en su carácter propio, siempre con sumisión plena a la Constitución y a la ley.

A la hora de conocer jurídicamente si la educación diferenciada puede suponer discriminación por razón de sexo, es necesario acudir a una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2006, que en su Fundamento Jurídico 3ª, declaró que los artículos 27.1, 27.3 y 27.6 de la Constitución deben ser interpretados en la forma que impone el artículo 10.2 de la Constitución, con lo que han de traerse a colación normas como las de la Convención de la ONU de 18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o como la ya mencionada Convención de la UNESCO de 1960.

En la sentencia se insiste en que no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo, y se reitera que ese tipo de educación es lícita y que tampoco hay norma expresa que prohíba su sostenimiento con fondos públicos. La enseñanza mixta es una opción que no puede ser impuesta, especialmente cuando la Constitución reconoce a los padres el derecho de elegir la educación que desean para sus hijos, garantiza la libertad de creación de centros docentes y, a partir de las previsiones de sus artículos 16 y 27, la LODE ampara el derecho de los titulares de los centros privados a definir su carácter propio. Que en un centro docente se impartan enseñanzas solo a niños o solo a niñas, no puede considerarse una discriminación por razón de sexo, desde el momento en que los padres o tutores pueden elegir dentro de un entorno gratuito de enseñanza, entre los diversos centros existentes en un determinado territorio.

Parece bastante coherente que un Estado democrático moderno garantice la gratuidad de la enseñanza obligatoria, con independencia del modelo de organización escolar que los padres deseen para sus hijos. Y es coherente con ello que el Tribunal Constitucional, en sentencias de 1981 y 1985 (STC 5/1981 y STC 77/1985), reconociera que el derecho de los padres a elegir centro docente forma parte del núcleo o contenido esencial del derecho a la educación. La libertad de enseñanza supone la libertad de creación de centros docentes, y esa libertad entraña la existencia de un ideario o carácter propio, que incluye unas convicciones ideológicas o religiosas y un modo de organización pedagógica. Esta libertad de crear centros con ideario propio tiene el límite expreso en el respeto a los principios constitucionales.

También señalaban esas sentencias que el mandato a los poderes públicos de ayudar a los centros docentes “que reúnan los requisitos que la ley establezca” supone “constitucionalizar” el régimen de conciertos. El resultado ha sido la existencia de una red de colegios privados concertados, es decir, financiados con dinero público. El ejercicio de la libertad de creación de centros docentes ha contribuido, de esta manera, a la prestación del servicio educativo en condiciones de mucha mayor pluralidad.

Resumiendo, podría decirse que la libertad de enseñanza exige una pluralidad de oferta, lo que implica la existencia del derecho a crear y dirigir centros educativos con titulares muy diversos. Para que esa pluralidad de oferta sea realmente asequible para todos, es imprescindible que la financiación pública establecida por la Constitución para los centros concertados, sea accesible para todo tipo de centros (dentro de los principios constitucionales), pues de lo contrario ese acceso a la pluralidad educativa sería solo para las familias más pudientes.

La Constitución habla de libertad de enseñanza y de que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita. Pero para que haya libertad debe haber antes pluralidad. Y si la pluralidad de la enseñanza no es financiada con fondos públicos en igualdad de oportunidades de acceso a ellos, esa libertad y esa pluralidad serían solo para los que se la puedan pagar, lo cual sería contradictorio.

En España, si se impidiera la financiación pública de la enseñanza diferenciada, se caería en una situación similar a la que se vivió en la época de la dictadura franquista con la imposición de un modelo único: en aquella etapa fue la imposición de la educación separada y ahora sería la imposición de la educación mixta, confundiendo de nuevo igualdad con igualitarismo.

Para que exista realmente la pluralidad de opciones, y pueda elegirse educación mixta o diferenciada en igualdad de oportunidades, es imprescindible que ambas estén igualmente financiadas (lo que en España conocemos como concertadas). Si efectivamente la enseñanza diferenciada no discrimina, como han precisado repetidamente los más altos tribunales, no hay razón ninguna para discriminarla en la financiación pública que reciben mediante los conciertos educativos. Facilitar y financiar esa pluralidad de modelos en igualdad de oportunidades debe ser un objetivo irrenunciable para una sociedad plural.