Juan Manuel de Prada, “Los dineros de la Iglesia”, ABC, 19.XI.2005

Hace unos días, el Congreso votaba una enmienda que pretendía retirar el complemento presupuestario que la Iglesia católica percibe anualmente del Estado. La enmienda fue rechazada mayoritariamente por los parlamentarios, si bien hasta seis diputados socialistas infringieron la disciplina de voto, alarde de bizarría que no mostraron en otras votaciones recientes mucho más peliagudas. De lo que se trataba, en fin, era de trasladar a la opinión pública la imagen de una Iglesia que sigue disfrutando de privilegios y esquilmando el erario público. Convendría especificar, sin embargo, que dicho complemento presupuestario, que suele oscilar entre los 30 y los 40 millones de euros, constituye tan sólo una décima parte del presupuesto anual de la Iglesia, que en sus dos terceras partes se abastece de las aportaciones de los fieles; del tercio restante, la cantidad más abultada la obtiene la Iglesia a través de la asignación tributaria, que una porción nada exigua de españoles destina a su sostenimiento a través de un porcentaje ínfimo del impuesto sobre la renta (el 0,52 por ciento, para ser exactos). Bastaría con que dicho porcentaje se incrementase al 0,8 por ciento, como ocurre en Alemania o Italia, para que la Iglesia pudiera autofinanciarse, renunciando a ese complemento que el anticlericalismo rampante utiliza como levadura para alimentar viejas rencillas.

Entre 30 y 40 millones de euros, repito. Enunciada así, en esa demagógica descontextualización que conviene a los propagandistas del odio, la cifra puede ser considerada por muchas gentes ingenuas y bienintencionadas una exacción intolerable. ¿Por qué, en cambio, no se informa a los españoles del dinero que la Iglesia revierte sobre la sociedad y ahorra a las administraciones públicas? Reparemos, por ejemplo, en las partidas destinadas a la educación. Una plaza en la escuela pública, por alumno y curso escolar, le exige al erario público (utilizo datos suministrados por el Ministerio de Educación) un desembolso de 3.517 euros; una plaza en la escuela concertada tan sólo 1.840. Teniendo en cuenta que el 70 por ciento de las plazas de la escuela concertada corresponden a centros católicos, descubrimos que la Iglesia ahorra al erario público alrededor de 2.300 millones de euros, cifra ligeramente superior a la que el Estado aporta como complemento presupuestario para su sostenimiento. Si probamos a calcular la ingente labor social y asistencial de la Iglesia, descubrimos que las cantidades que se dedican a paliar el sufrimiento y la miseria de los sectores más desfavorecidos de la sociedad dejan también chiquito ese complemento. Así, por ejemplo, el presupuesto de Cáritas durante el pasado ejercicio ascendió a 163 millones de euros, de los cuales más del sesenta por ciento -cerca de 100 millones- lo cubren las cuotas de sus asociados y las aportaciones de los católicos, a través de donaciones y colectas parroquiales; este porcentaje se eleva hasta el 83 por ciento en el presupuesto de Manos Unidas, que el pasado año logró recaudar 35 millones de euros procedentes de las cuotas de colaboradores y de las colectas. Son sólo dos ejemplos entre los miles de establecimientos y entidades católicas consagrados en cuerpo y alma a la ayuda de los más necesitados; ayuda que, naturalmente, la Iglesia seguirá prestando cuando deje de percibir el tan cacareado complemento presupuestario, porque su generosa aportación al bien común no depende de la componenda política, es fruto de un mandato divino.

El otro día, paseando por la plaza de la Marina Española, vi llegar el automóvil del presidente del Gobierno, que acudía a una sesión de control del Senado. Le hubiese bastado, al bajar del coche, con alzar la vista para contemplar a los mendigos que entraban en un centro de Cáritas, donde se les brinda comida y refugio frente a la intemperie. Ahí, señor presidente, ahí se destinan los dineros de la Iglesia.

Algunos mitos sobre el dinero de la Iglesia en España, 27.IV.2005

El español medio no tiene una gran cultura económica y es fácil hablar de dinero dando la sensación de que “hay algo turbio”. Es bueno aclarar algunos mitos.

Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado. No hablaremos de las cuentas de la Santa Sede ni de la Iglesia en otros países, excepto por comparación.

MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis… Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de “el dinero de la Iglesia” es como hablar de “el dinero de la sociedad civil”: se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.

MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.

Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa “crucecita” del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.

MITO 3: El “sistema alemán” de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno Ojalá. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema “similar al alemán”, que según él es un “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).

La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la “crucecita” del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.

MITO 4: “Lo de las expropiaciones es cosa del pasado”.

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.

En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.

Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiero revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia “tendrá que acabarse algún día”.

Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA “una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia”. En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía “que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad”.

Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.

Tomado de ForumLibertas.com

Juan Velarde Fuertes, “La Iglesia y el dinero”, Alfa y Omega, 13.IX.2001

Cada época necesita un orden socioeconómico diferente. Al abrirse y enlazarse el mundo económico en los siglos XV y XVI gracias a los descubrimientos lusitanos y españoles, se hundió para siempre la Edad Media como idea directriz de lo económico. Schumpeter, en su Historia del Análisis Económico, nos señala cómo así, entre otras cosas, se hizo añicos todo un planteamiento que ascendía hasta Aristóteles, al escribir que «nada más fácil que mostrar que lo que primariamente interesaba a Aristóteles era lo natural y lo justo, vistos desde la posición de su ideal de la vida buena y virtuosa, y que los hechos económicos y las relaciones entre hechos económicos por él considerados y estimados se presentan a la luz de los prejuicios ideológicos que se podían suponer en un hombre que ha vivido en, y ha escrito para una clase culta y ociosa que despreciaba el trabajo y los negocios, amaba, naturalmente, al agricultor que le alimentaba y odiaba al prestamista que explotaba al agricultor». Pero todo se altera cuando, al concluir el Medioevo -agrega Schumpeter en esta obra fundamental-, «los escolásticos tardíos analizaron la actividad económica en sí misma -la industria decía san Antonio de Florencia-, y particularmente la actividad comercial y de especulación, desde un punto de vista contrapuesto diametralmente al de Aristóteles. El hombre económico de épocas posteriores asomó ya en la concepción de la razón económica prudente, frase tomista que adquirió una connotación nada tomista por la interpretación de Juan de Lugo: la prudente razón implica en efecto, según Lugo, la intención de conseguir ganancias por cualquier medio legítimo».

El capitalismo naciente, que ha puesto así a su favor a la escolástica tardía, logrará pronto el apoyo de la Escuela de Salamanca. Con Domingo de Soto o Tomás de Mercado, y, por supuesto, con toda esa pléyade de discípulos de Francisco de Vitoria que encabeza Martín de Azpilcueta, al justificar el pago de intereses, se abre una comprensión nueva del fenómeno económico desde el punto de vista de la Iglesia católica. El que con esta ayuda se pudieron conseguir progresos, en el ámbito católico, tan importantes como sucedió en la Europa nórdica con el auxilio de las tesis de los teólogos puritanos estudiados por Max Weber, es algo crecientemente admitido. Sin ir más lejos, basta consultar a Amintore Fanfani.

Es más, este sistema crecientemente globalizado, con una complejidad grande en sus estructuras financieras, basadas, entre otras cosas, en una especulación creciente, nunca vista, crea un punto de apoyo tal, como he señalado en mi contestación al discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del cardenal Rouco el 29 de marzo de 2001, que hoy, prácticamente, todos los pueblos podrían tener una vida decente si sus gobernantes dejasen de ser, simultáneamente, incapaces y corruptos. Esto es, el juego de los mercados -lo que exige especulaciones-, su acción en lo financiero y en lo productivo, no es nada malo ni condenable. Es más, se puede demostrar que así es como el hombre dejó de ser aquel ser degradado, maloliente, de escasa esperanza de vida, al que aludió Hobbes.

Después de la Revolución Industrial existió en la Iglesia de Francia -recordemos los célebres sermones del padre Félix S.J. en Notre Dame- una admisión de los planteamientos de la ortodoxia de los grandes clásicos. Una serie de excelentes economistas, desde Paul Leroy-Beaulieu a Thery y los componentes de la Escuela de Angers, sostuvieron estos puntos de vista hasta ser sumergidos por la corriente doctrinal católica alemana, que se vinculó a la heterodoxia económica del historicismo y del socialismo de cátedra. En Francia también, a comienzos del siglo XX, la Iglesia defendió sus activos, trasladándolos a España, al huir de la campaña anticlerical del Gran Oriente Francés, cuando éste lanzó el llamado asunto de los mil millones. También esta Iglesia tuvo equivocaciones tan espectaculares como el célebre asunto Bontoux, que provocó una ejemplar reacción entre la Jerarquía gala. El primer impulso a nuestra industria hidroeléctrica, en parte, partió de ahí, de esta llegada de fondos católicos galos. Y mucho nos benefició, así como a las necesidades de la Iglesia en el país vecino.

Sin embargo, en el siglo XX, un grupo importante de católicos, y dentro de él algunos teólogos, comenzó a dejarse influir por asertos que, de algún modo, se enmarcan en la marcha hasta el socialismo de la que habló también Schumpeter en su postrer ensayo. Procuraron crear una mala conciencia en los empresarios, en los financieros, en los grandes dirigentes de la vida económica. Sólo el Estado, con su intervencionismo, o extraños y utópicos movimientos contra el capitalismo, podían justificarse moralmente. Su presión fue colosal, al menos hasta que la encíclica Centesimus annus, de Juan Pablo II, comenzó a levantar esta losa, tras haber escuchado Su Santidad a un importante grupo de maestros de la economía.

El reflujo ha comenzado, pero los rescoldos de esta reacción contra el mercado, contra la especulación, contra la búsqueda de beneficios, aún permanecen. Por eso se considera incluso impropio que la Iglesia se dedique a actuar en el mundo financiero. Pues bien, hay que decirlo alto y claro. La Iglesia tiene obligación de, con los fondos que administra, obtener las mayores rentas posibles, para dedicarlas a sus fines pastorales: tareas caritativas, acciones misioneras, atención pecuniaria de los servidores del culto, desarrollo de los centros de enseñanza. Por tanto, nada de desagarrarse las vestiduras porque estos fondos se inviertan en los mercados financieros. Otra cosa sería estúpido.

Dicho esto, es también evidente que se trata de dinero sagrado, esto es, que no es tolerable cometer con él imprudencias, como se ha puesto, por ejemplo, en evidencia más de una vez, y no sólo en el caso de Gescartera, en el que la acumulación de estupideces y de estúpidos asombra. Por ello creo que ha llegado el momento, para la Iglesia española, de crear un Consejo, Comisión, o cosa así, de notables expertos en cuestiones financieras a los que se convoque -y que tendrían, a mi juicio, responsabilidad moral grave si no acuden a esa convocatoria-, para aconsejar a la Jerarquía en estas cuestiones. Con este Consejo o Comisión, no hubiera sida posible que se cayese en el garlito de los pingües beneficios que anuncian, más de una vez, los aventureros y desaprensivos. Simultáneamente la Iglesia debe señalar que la lucha para eliminar la pobreza es su labor, y que centrar la vida en el dinero es reprobable, y que no tiene sentido, como ya sostuvo Aristóteles, identificar el comportamiento racional del hombre con la búsqueda incansable de la riqueza. También que debe apoyar la búsqueda del orden del mercado, como ha sostenido la Escuela de Friburgo tan ligada a esa Universidad Católica alemana, para impedir monopolios. Igualmente, que se debe luchar contra la masificación y que el mercado no debe afectar a nada que suponga restringir la dignidad de la persona humana, o lo que es igual, que el mercado laboral no puede ser libre.

Nada de eso quiere decir que se pueda descuidar el que de los activos económicos eclesiásticos sean administrados de modo tal que sean capaces de rendir los mejores resultados materiales posibles. Hay que recordar, con la ciencia económica en la mano aquello de los Hechos de los Apóstoles: «Oí una voz que me decía: Anda, Pedro: mata y come. Yo respondí: Ni pensarlo, Señor; jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro». Ayunos de conocimientos de economía -no fue este el caso, por cierto, de la Escuela de Salamanca-, a lo largo del siglo XX se han declarado impuras demasiadas tomas de posición en economía, que han impedido matar y comer cosas que Dios había declarado puras no sólo a los miembros individuales del pueblo de Dios, sino a la propia Iglesia.