Thomas D. Williams L.C., “El Evangelio de Judas”, Zenit, 6.IV.06

«National Geographic» ha anunciado su intención de publicar una traducción en varios idiomas de un antiguo texto llamado «El Evangelio de Judas» a finales de este mes. El manuscrito de 31 páginas, escrito en copto, hallado en Ginebra en 1983, no aparece hasta ahora traducido en las lenguas modernas. El padre Thomas D. Williams L.C., decano de la Facultad de Teología de la Universidad «Regina Apostolorum» de Roma, comenta la importancia de este descubrimiento.

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Algunos mitos sobre el dinero de la Iglesia en España

El español medio no tiene una gran cultura económica y es fácil hablar de dinero dando la sensación de que “hay algo turbio”. Es bueno aclarar algunos mitos.

Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado. No hablaremos de las cuentas de la Santa Sede ni de la Iglesia en otros países, excepto por comparación.

MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis… Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de “el dinero de la Iglesia” es como hablar de “el dinero de la sociedad civil”: se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.

MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.

Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa “crucecita” del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.

MITO 3: El “sistema alemán” de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno Ojalá. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema “similar al alemán”, que según él es un “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).

La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la “crucecita” del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.

MITO 4: “Lo de las expropiaciones es cosa del pasado”.

En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.

En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.

Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiero revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia “tendrá que acabarse algún día”.

Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA “una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia”. En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía “que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad”.

Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.

Tomado de ForumLibertas.com

Alejandro Rodríguez de la Peña, “Leyendas negras de ayer, hoy y mañana”, Alfa y Omega, 20.V.05

Cuando se aborda la historia de la Iglesia católica, tarde o temprano nos encontraremos con el fenómeno historiográfico que se ha dado en llamar leyenda negra. Ésta consiste en una labor de propaganda, de desinformación, que, a través de la presentación tendenciosa de los hechos históricos, bajo la apariencia de objetividad y de rigor histórico o científico, procura crear una opinión pública, bien anticlerical, bien anticatólica. Por eso se aparta de lo que podría aceptarse como una simple crítica, una denuncia honesta y rigurosa de los errores cometidos por los miembros de la Iglesia, dando en cambio una imagen voluntariamente distorsionada del pasado de la Iglesia, para convertirla en una descalificación global de una misión milenaria, tanto antes como, sobre todo, en la actualidad.

La leyenda negra de la Iglesia no es un asunto baladí que deba ser objeto de preocupación sólo para los historiadores. Lo cierto es que todos los católicos nos jugamos mucho en la lucha contra sus manipulaciones. Y es que la descalificación global de esta institución religiosa a largo de toda su historia compromete seriamente ante la opinión pública su legitimidad social y moral de cara al futuro. Un fenómeno reciente como la polvareda social levantada por la novela El Código Da Vinci resulta ser un magnífico ejemplo del peligro que la manipulación de la historia de la Iglesia entraña para su acción pastoral actual.

Los ataques, desde antiguo En realidad, los ataques demagógicos y panfletarios contra el pasado y el presente de la Iglesia datan de muy antiguo. En efecto, podemos encontrar diatribas furibundas contra el cristianismo católico por parte de autores paganos grecorromanos (Celso, Zósimo, Juliano el Apóstata…), de los diferentes heresiarcas medievales y de los polemistas judíos y musulmanes. Pero la polémica anticatólica se acentuó y cobró una especial virulencia en la segunda mitad del siglo XVI, cuando las discusiones entre católicos y protestantes invadieron también el campo historiográfico y literario, surgiendo entonces todo un modelo de difamación sistemática de la Iglesia.

Más en concreto, encontramos el origen del discurso anticatólico actual en la llamada leyenda negra, un conjunto de acusaciones contra la Iglesia y la monarquía hispánica que se generó y se desarrolló en Inglaterra y Holanda, en el curso de la lucha entre Felipe II y los protestantes.

El anticatolicismo llegó a ser, con el tiempo, parte integral de la cultura inglesa, holandesa o escandinava. Escritores y libelistas se esforzaron por inventar mil ejemplos de la vileza y perfidia papista, y difundieron por Europa la idea de que la Iglesia católica era la sede del Anticristo, de la ignorancia y del fanatismo. Tal idea se generalizó en el siglo XVIII, a lo largo y ancho de la Europa iluminista y petulante de la Ilustración, señalando a la Iglesia como causa principal de la degradación cultural de los países que habían permanecido católicos.

En los prejuicios difundidos sobre la historia de la Iglesia se observan dos elementos básicos y, en no pocas ocasiones, íntimamente entremezclados: la visión de la Iglesia medieval y moderna como una institución oscurantista, reaccionaria y enemiga de todo progreso intelectual o social; y su caricaturización como una fuerza represiva e intolerante, enemiga de los derechos humanos y promotora de las Cruzadas y la Inquisición.

Se suele afirmar, por ejemplo, que las Cruzadas fueron guerras de agresión provocadas contra un mundo musulmán pacífico. Esta afirmación es completamente errónea. Ahora mismo tenemos en nuestras pantallas una película, El reino de los cielos, bastante proclive a esta angelización de los musulmanes del medievo. Pero lo cierto es que, desde los mismos tiempos de Mahoma, los musulmanes habían intentado conquistar el mundo cristiano. E incluso habían obtenido éxitos notables. Tras varios siglos de continuas conquistas, los ejércitos musulmanes dominaban todo el norte de África, Oriente Medio, Asia Menor y gran parte de España. En otras palabras, a finales del siglo XI, las fuerzas islámicas habían conquistado dos terceras partes del mundo cristiano: Palestina, la tierra de Jesucristo; Egipto, donde nace el cristianismo monástico; Asia Menor, donde san Pablo había plantado las semillas de las primeras comunidades cristianas… Estos lugares no estaban en la periferia de la cristiandad, sino que eran su verdadero centro.

¡Así se escribe la Historia! Otro lugar común de la leyenda negra anticatólica es –no podía ser de otro modo– la acción de la Inquisición en la Edad Media y la Moderna. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar del caso de Galileo Galilei, casi siempre de modo deformado, ya que no se suele explicar que el sabio italiano apenas sufrió otro castigo que un cómodo arresto domiciliario en un palacio cardenalicio. Por el contrario, son pocos los colegiales que saben que Antoine Lavoisier, uno de los fundadores de la Química, fue guillotinado a causa de sus ideas políticas, por un tribunal durante el Terror jacobino, al grito de ¡La Revolución no necesita científicos! No olvidemos tampoco que, en Ginebra –la Meca del protestantismo–, Juan Calvino no dudó en mandar a la hoguera al ilustre descubridor de la circulación de la sangre, nuestro compatriota Miguel Servet. El científico aragonés fue tan sólo una de las quinientas víctimas de diez años de intolerancia calvinista en una ciudad con apenas diez mil habitantes. Con esta proporción brutal de represaliados, la Inquisición española habría debido quemar ¡un millón de personas cada siglo! –en realidad, fueron tres mil en trescientos años–. Aun así, Torquemada ha pasado al argot popular como sinónimo de intolerancia, y Calvino es ponderado por muchos como uno de los padres de las democracias liberales del norte de Europa.

Un ejemplo reciente de cómo la leyenda negra ha cobrado nuevos bríos últimamente lo hallamos en el ya mencionado Código Da Vinci. Su autor, Dan Brown, deja caer que la Iglesia habría quemado a cinco millones de brujas (p. 158), cuando todos los especialistas, con Brian Pavlac a la cabeza, limitan la cifra a 30.000, a lo sumo, para el período 1400-1800 (por cierto, el 90% víctimas de la Inquisición protestante, y no de la católica).

Esto conecta con el ominoso concepto de Gendercide (genocidio de las mujeres), que han acuñado el feminismo y el lesbianismo radicales en las universidades norteamericanas. Esto es, la criminalización de la Iglesia católica, que cargaría con una mancha histórica tan negra como el Holocausto nazi. De la misma forma que el nazismo ha quedado desacreditado para siempre jamás por su ejecutoria asesina contra los judíos, la Iglesia carecería de toda legitimidad como institución por su pasado criminal en relación a las mujeres. Barbaridades como ésta se leen y se escuchan en algunos departamentos de Gender studies de los Estados Unidos.

No en vano, el Código Da Vinci se basa en una serie de absurdas creencias neo-gnósticas y feministas que entran en oposición directa no sólo con el cristianismo, sino con la Historia académica tal y como es enseñada en todas las universidades respetables del mundo. Mucho se ha hablado de la inverosímil hipótesis de Dan Brown de que Cristo y María Magdalena estaban casados y tuvieron descendencia, pero eso sólo es la punta de un iceberg de disparates. Convenientemente camufladas tras la atractiva trama narrativa propia de un thriller policíaco, el autor va deslizando aquí y allá ideas propias de una cosmovisión que enseña que el cristianismo es una mentira violenta y sangrienta, que la Iglesia católica es una institución siniestra y misógina, y que la verdad es, en última instancia, creación y producto de cada persona.

La realidad, como es Volviendo al espinoso asunto de la Inquisición, si queremos ser rigurosos, hay que señalar que el Santo Oficio era un tribunal dedicado a investigar si entre los católicos había herejes, un tema gravísimo entonces, al que ahora no se da importancia porque las sociedades no son confesionales. Pero es que entonces las disputas teológicas daban lugar a guerras y conmociones sin cuento (las guerras de religión en Europa provocaron un millón de muertos entre 1517 y 1648). Por consiguiente, la Inquisición era un instrumento básico para el mantenimiento de la paz en un reino. Por otro lado, un hecho no suficientemente conocido es que la Inquisición no tenía jurisdicción alguna sobre los no bautizados. Por tanto, ni judíos ni musulmanes podían ser juzgados, detenidos o acosados por la Inquisición.

Ciertamente, el Santo Oficio usaba el tormento como todos los tribunales de la época, pero generalmente con mayores garantías procesales, ya que se realizaba siempre en presencia del notario, los jueces y un médico, y sin que se pudieran causar al reo mutilaciones, quebrantamiento de huesos, derramamiento de sangre ni lesiones irreparables. Finalmente, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de las penas eran de tipo canónico, como oraciones o penitencias. Las condenas a muerte fueron rarísimas, y sólo en casos muy graves sin arrepentimiento, pues si había arrepentimiento había indulgencia con el reo. Como ya se ha dicho, en sus tres siglos de historia, la Inquisición ajustició a unos 3.000 reos (de un total de 200.000 procesados). Esta cifra, con ser alta, representa tan sólo la décima parte de los asesinados en Francia por el régimen del Terror jacobino en el periodo 1792-1795. Es decir, en tan sólo tres años, los hijos de la Ilustración iluminista habían multiplicado por diez las víctimas fruto de trescientos años de actuación de la Inquisición católica. ¿Y quien se atreve hoy en día a mentarle este hecho a un defensor de la democracia liberal, cuyos fundamentos mismos sentó la Revolución Francesa? ¿Porqué, entonces, tenemos los católicos que aguantar día sí día también que algunos sectarios nos recuerdan la Inquisición cada vez que nos identificamos como hijos de la Santa Madre Iglesia? Conquista de América: ni robo, ni genocidio El empecinado odio anticatólico y antihispanista afirma, en primer lugar, que España se apropió de las tierras indígenas en un acto típico de rapacidad imperialista. La verdad es que, antes de la llegada de los españoles, los indios concretos y singulares no eran dueños de ninguna tierra, sino empleados gratuitos y castigados de un Estado idolatrizado y de unos caciques despóticos tenidos por divinidades supremas. Carentes de cualquier legislación que regulase sus derechos laborales, el abuso y la explotación eran la norma; y el saqueo y el despojo, las prácticas habituales. Impuestos, cargas, retribuciones forzadas, exacciones virulentas y pesados tributos fueron moneda corriente en las relaciones indígenas previas a la llegada de los españoles. El más fuerte sometía al más débil y lo atenazaba con escarmientos y represalias. Ni los más indigentes quedaban exceptuados, y solían llevar como estigmas de su triste condición mutilaciones evidentes y distintivos oprobiosos. Una justicia claramente discriminatoria distinguía entre pudientes y esclavos, en desmedro de los últimos. La verdad es, también, que los principales dueños de la tierra que encontraron los españoles –mayas, incas y aztecas– lo eran a expensas de otros dueños, a quienes habían invadido y desplazado. Y que fue ésta la razón por la que una parte considerable de tribus aborígenes –carios, tlaxaltecas, cempoaltecas, zapotecas, otomíes, cañarís, huancas, etcétera– se aliaron naturalmente con los conquistadores, procurando su protección y el consecuente resarcimiento.

Sólo a partir de la conquista, los indios conocieron el sentido personal de la propiedad privada y la defensa jurídica de sus obligaciones y derechos. Es España la que se plantea la cuestión de los justos títulos, con autoexigencias tan sólidas que ponen en tela de juicio la misma autoridad del monarca y del Pontífice. Es España –con ese maestro admirable del Derecho de Gentes que se llamó Francisco de Vitoria– la que funda la posesión territorial en las más altas razones de bien común y de concordia social, la que insiste una y otra vez en la protección que se le debe a los nativos en tanto súbditos, la que garantiza y promueve un reparto equitativo de precios, la que atiende sobre abusos y querellas, la que no dudó en sancionar duramente a sus mismos funcionarios descarriados, y la que distinguió entre posesión como hecho y propiedad como derecho, porque sabía que era cosa muy distinta fundar una ciudad en el desierto y hacerla propia, que entrar a saco a un granero particular. Por eso, sólo hubo repartimientos en tierras despobladas y encomiendas «en las heredades de los indios». Porque, pese a tantas fábulas indoctas, la encomienda fue la gran institución para la custodia de la propiedad y de los derechos de los nativos. Por la encomienda, el indio poseía tierras particulares y colectivas sin que pudieran arrebatárselas impunemente. Por la encomienda, organizaba su propio gobierno local y regional, bajo un régimen de tributos que distinguía ingresos y condiciones, y que no llegaban al Rey –que renunciaba a ellos–, sino a los conquistadores. No es España la que despoja a los indios de sus tierras. Es España la que les inculca el derecho de propiedad, la que les restituye sus heredades asaltadas por los poderosos y sanguinarios Estados tribales, la que los guarda bajo una justicia humana y divina, la que los pone en paridad de condiciones con sus propios hijos, e incluso en mejores condiciones que muchos campesinos y proletarios europeos.

Se dice también que la Conquista, caracterizada por el saqueo y el robo, produjo un genocidio aborigen. La verdad es que España no planeó ni ejecutó ningún plan genocida; el derrumbe de la población indígena –que nadie niega– no está ligado a los enfrentamientos bélicos con los conquistadores, sino a una variedad de causas, entre las que sobresale la del contagio microbiano. La verdad es que la acusación homicídica como causa de despoblación no resiste las investigaciones serias de autores como Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis Moreno, Ángel Rosemblat o Rolando Mellafé, que no pertenecen precisamente a escuelas hispanófilas. La verdad, incluso, es que hasta las mitas, los repartimientos y las encomiendas, lejos de ser causa de despoblación, son antídotos que se aplican para evitarla. Ni despojo de territorios, ni sed de oro, ni matanzas en masa. Un encuentro providencial de dos mundos. Encuentro en el que, al margen de todos los aspectos traumáticos que gusten recalcarse, uno de esos mundos, el Viejo, gloriosamente encarnado por la Hispanidad, tuvo el enorme mérito de traerle al otro nociones que no conocía sobre la dignidad de la criatura, hecha a imagen y semejanza del Creador. Esas nociones, patrimonio de la cristiandad, difundidas por sabios eminentes, no fueron letra muerta ni objeto de violación constante. Fueron el verdadero programa de vida, el genuino plan salvífico por el que la Hispanidad luchó en tres siglos largos de descubrimiento, evangelización y civilización abnegados.

Alejandro Rodríguez de la Peña es profesor de Historia Medieval, de la Universidad San Pablo-CEU y Secretario Nacional de Jóvenes de la Asociación Católica de Propagandistas

Amy Welborn, “Descodificando a Da Vinci”, Palabra, X.04

Los hechos reales ocultos en “El Código DaVinci” Continúa leyendo Amy Welborn, “Descodificando a Da Vinci”, Palabra, X.04