Rafael Navarro-Valls, “Un papa post-ideológico”, Veritas, 1.IX.05

Doscientos cincuenta millones de personas han seguido por televisión el viaje de Benedicto XVI a Colonia. Si a ellos se unen los casi 300 millones que lo han acompañado a través de la prensa y la red, resulta una cifra cercana a los 500 millones de ciudadanos del mundo interesados por el periplo alemán. Un hecho histórico, si se tiene en cuenta que tras el Papa de Polonia, que fue el primer país invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, fue elegido como sucesor de Pedro un alemán que, como dijo el presidente Köhler al recibirle, forma parte de la generación “de los niños de la defensa antiaérea”. Eso ha permitido que el Papa alemán estrechara, de entrada, los lazos con su patria. La acogida en el aeropuerto, con una Alemania volcada y orgullosa, así como la visita a la sinagoga destruida la “noche nazi de los cristales rotos”, permitió a Benedicto XVI pasar simbólicamente “una página oscura y dramática de la conciencia colectiva de Alemania” (Guènois). En fin, el encuentro con los obispos alemanes, a los que invitó “a capitalizar” las energías liberadas por ese millón de jóvenes, pacíficamente “invasores” del centro de la vieja Europa, fue el prólogo de la visita al corazón de un país que prácticamente inventó todas las modernas herejías anticristianas.

Probablemente dos frases audaces sintetizan el mensaje de Benedicto XVI. La primera, lanzada como un desafío a los jóvenes, venía a decir “que sólo una gran explosión de bien puede vencer al mal” , produciendo la transformación necesaria para cambiar al mundo. La segunda, que la “fisión nuclear” en el corazón más escondido del ser, se produce en el misterio de la Eucaristía, liberando la energía necesaria para cambiar al Hombre. He aquí la gran revolución : “sólo Dios transforma al mundo” . Parece que esas palabras no han caído en saco roto. Sobre todo si se piensa que el domingo tuvo lugar en Bonn un Encuentro Mundial de jóvenes neocatecumenales , en el que cerca de 2.000 se ofrecieron como sacerdotes y consagradas. Y ayer mismo el Papa vaticinaba desde Roma que la semilla sembrada en el corazón del millón de jóvenes, acabaría transformándose en “una nueva primavera de esperanza para Alemania, Europa y todo el mundo”.

Las Jornadas de la Juventud duran ya veinte años. La intuición de Juan Pablo II era acertada : tres millones de jóvenes lo acompañaron en Manila, dos millones en Roma , un millón en Paris. Otro millón ha estado con Benedicto XVI en Colonia. Las generaciones- como los Papas -cambian, pero esas Jornadas parecen sobrevivirlos.

Pero para entender los primeros pasos de Benedicto XVI por la Historia, no hay que perder de vista su propia psicología. Ratzinger era, cuando fue elegido Papa, uno de los 4 o 5 primeros intelectuales del mundo actual. No me refiero sólo a un “intelectual teólogo”: su obra se abría a todos los temas de hoy, con una excepcional capacidad diagnóstica sobre la modernidad. Eso explica que el primer filósofo actual –Jürgen Habermas, agnóstico, por cierto- quiso tener con Ratzinger un largo coloquio, recientemente publicado, que es una obra maestra de la post-modernidad, una verdadera delicia intelectual. El desafío de Benedicto XVI radica ahora en pasar de la “dimensión diagnóstica” a la “dimensión operativa y terapéutica”. Tránsito que deberá hacer con su propio estilo, que es más de argumentación que de imposición. Sus discursos en Colonia y sus actuaciones muestran un Papa que “ha tenido el coraje de ser él mismo” (Messori) .

Ciertamente hay una continuidad –que también es discontinuidad- con Juan Pablo II. Ninguno de los dos procedían de la “estructura burocrática”. Juan Pablo II, porque venía “de fuera” geográficamente. En el caso de Benedicto XVI, porque su pensamiento, plasmado en una extraordinaria producción científica, giraba “fuera”, es decir, en los temas del mundo y no en los temas del “burocratese” eclesiástico. Por eso había sido invitado a una memorable intervención en Oxford, era miembro del Instituto de Francia y las principales Universidades americanas habían tenido el honor de escucharle. Este pontificado -se ha dicho- será “de conceptos y de palabras”. Y en Roma se apostilla –para explicar las diferencias entre Juan Pablo II y Benedicto XVI- que “cada uno de los doce apóstoles eran diferentes, pero todos eran servidores de Cristo”.

Benedicto XVI tiene el convencimiento de que el cristianismo no se puede construir a base de fórmulas elaboradas sobre la mesa de un escritorio. Para el nuevo Papa, es un error “preocuparnos demasiado de nosotros mismos”, ya sea dándole vueltas al celibato de los sacerdotes, la ordenación de mujeres o diseñando nuevos organismos eclesiales. Entiende que la Iglesia “habla demasiado de sí misma”, preocupada por su propia estructura. La verdadera reforma no puede reducirse “a un celoso activismo para erigir nuevas y sofisticadas estructuras”. Para Benedicto XVI, lo que necesita la Iglesia para responder en todo tiempo a las necesidades del hombre “es santidad, no management”.

Desde luego, todo Papa es previsible –incluido Benedicto XVI-, pues no inventa el contenido de la identidad cristiana. Pero es cierto que también es imprevisible, ya que es el resultado de esa delicada dialéctica entre persona e institución. Con Benedicto XVI esa relación será -es ya, como se ha visto en Colonia- de una creatividad extraordinaria. No siendo la menor novedad su intento de librar a la Humanidad de la esclavitud de las ideologías . Un Papa “post-ideológico”: así se le ha comenzado a llamar. Puede permitírselo, pues es consciente de pertenecer, en sus propias palabras, “a una familia grande como el mundo, que comprende cielo y tierra, el pasado, el presente y el futuro”.

Rafael Navarro-Valls, “El empuje laicista en un Estado democrático”, Zenit, 30.I.05

A raíz del reciente discurso de Juan Pablo II a obispos españoles en visita «Ad Limina», y de las interpretaciones inexactas que durante la semana se han hecho de sus palabras, publicamos esta entrevista de Zenit a Rafael Navarro-Valls. Continuar leyendo “Rafael Navarro-Valls, “El empuje laicista en un Estado democrático”, Zenit, 30.I.05″

Rafael Navarro-Valls, “La nueva ley del divorcio”, Veritas, 18.IX.04

El Consejo de Ministros aprobó hoy la modificación de la actual Ley del Divorcio, desoyendo las peticiones de las asociaciones familiares que habían solicitado oficialmente la creación de una mesa de diálogo previa a cualquier modificación. Según ha trascendido a los medios, algunas “novedades” de la nueva Ley serán la anulación de las causas de divorcio, la supresión de la separación como paso previo a la solicitud del divorcio, y la rapidez con la que éste se concederá. Rafael Navarro Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, analiza en esta entrevista concedida a Veritas, la “dialéctica tramposa” que encierra el divorcio y la auténtica naturaleza de la institución matrimonial.

Continuar leyendo “Rafael Navarro-Valls, “La nueva ley del divorcio”, Veritas, 18.IX.04″

Rafael Navarro-Valls, “La asignatura de religión”, Veritas, 10.V.04

El profesor Rafael Navarro Valls, Catedrático de la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid y Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación repasa en esta entrevista concedida a la agencia Veritas algunas de las medidas anunciadas por el nuevo gobierno del Partido Socialista Español, que afectan temas tan importantes como la situación de la enseñanza religiosa en la escuela pública, el estatuto de los profesores de religión, la financiación de la Iglesia o el control de actividades de tipo religioso.

Continuar leyendo “Rafael Navarro-Valls, “La asignatura de religión”, Veritas, 10.V.04″

Rafael Navarro-Valls, “Laicidad no es indiferencia o animadversión a la religión”, Zenit, 14.I.04

Ante la celebración durante este año en España del XXV aniversario de la firma de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, el catedrático de Derecho de la Complutense y Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro Valls, analiza para Veritas dichos Acuerdos desde una perspectiva histórica y actual.

Continuar leyendo “Rafael Navarro-Valls, “Laicidad no es indiferencia o animadversión a la religión”, Zenit, 14.I.04″

Rafael Navarro-Valls, “La polémica sobre las clases de religión”, El País, 3.XI.03

El tema de las clases de religión en la enseñanza pública viene levantando ampollas en los medios políticos y eclesiásticos desde hace tiempo. Primero fue la polvareda organizada por la no prolongación de contratos a profesores de religión, ante actividades privadas de algunos de ellos contrastantes con la moral católica. Después, la polémica se centró entre dirigentes del PSOE y de la Conferencia Episcopal ante discrepancias interpretativas acerca de los términos de un supuesto acuerdo verbal sobre la revisión de la asignatura de Religión en los planes de estudio. Ahora, se han puesto en marcha acciones judiciales orientadas a declarar inconstitucional el nuevo sistema de enseñanza de la religión. El problema tiene interés y conviene trascender la polémica doméstica para echar una ojeada a los últimos datos que muestra el Derecho comparado en la materia. Probablemente, si logramos aislar la cuestión de los apasionamientos de uno y otro signo metiéndola por veredas razonables, contribuiremos a desactivar una bomba ideológica que puede envenenar la convivencia en la comunidad educativa.

El primer dato a tener en cuenta es que la reciente regulación española no es una excepción en el contexto mundial. Como es sabido, el sistema establece que el área o asignatura de Sociedad, Cultura y Religión comprenderá dos opciones de desarrollo: una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten los padres o, en su caso, los alumnos; otra de carácter no confesional. Ambas opciones serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas. Así las cosas, acaba de hacerse público (junio de 2003) un amplio estudio de la Oficina Internacional de Educación (OIE) de la Unesco sobre el tiempo de enseñanza previsto para la religión en los planes de estudio de 140 Estados. Según este estudio, durante los nueve primeros años de la escolaridad, la enseñanza de la religión figura como materia obligatoria (al menos una vez) en los planes de estudio de 73 de los países estudiados. En 54 de ellos, el promedio de tiempo dedicado a la instrucción religiosa en los seis primeros años de escolaridad asciende a 388,4 horas, lo que representa el 8,1 % del tiempo total de docencia. En algunos países el porcentaje es mucho mayor. Estas cifras -según la Unesco- representan un incremento sensible de la cantidad de tiempo dedicada a esta materia desde la publicación, hace diez años, del anterior trabajo sobre el tema. Asimismo, estas cifras indican una inversión de la tendencia al declive de la enseñanza de la religión que había caracterizado la mayor parte del pasado siglo XX.

En el estudio se examinan también los esquemas de la enseñanza de la religión a lo largo de los primeros nueve años de escuela, a fin de determinar si se le concede más importancia en las primeras etapas de la escolaridad o en las últimas. Trece de los 44 países que comunicaron datos sobre esta concreta cuestión asignan más horas a las materias religiosas en el séptimo, octavo y noveno grados, mientras que en dos de ellos se les dedica el mismo número de horas en todos los grados, y en los 29 restantes, los horarios de enseñanza de la religión son más prolongados en los seis primeros años de la escolaridad. Que la religión no figure en otros países como asignatura obligatoria ni optativa no quiere decir que no se imparta. De hecho, el estudio señala que de los 69 países donde la religión no es una de las materias comunes, en algunos como Alemania o Suiza, al estar descentralizadas las competencias, existen regiones que sí ofrecen obligatoriamente clases de religión. Por ejemplo, cinco convenios firmados con las iglesias luteranas entre 1994 y 1997 garantizan y subvencionan la enseñanza de la religión evangélica luterana en los lander alemanes de Mecklenburgo-Pomerania Anterior, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. La religión evangélica se establece como ordinaria (obligatoria en las escuelas públicas para todos los alumnos) y el Estado corre con el abono del sueldo de los profesores.

La verdad es que el debate sobre la manera de tratar la religión en los sistemas educativos ha tomado nuevo vigor en Europa a raíz de los sucesos del 11-S. Según James Wimberley, del Consejo de Europa, este suceso se consideró un aviso para tomar conciencia de la precariedad de las relaciones intercomunitarias en Europa, donde la desconfianza mutua, la intolerancia, los incidentes racistas y la discriminación revisten principalmente una forma ética y a veces religiosa. De ahí que el diálogo intercultural e interconfesional que hay que fomentar en las clases de religión sea uno de los objetivos razonables a lograr. Pero como ha hecho notar el Daily Telegraph, esto no puede llevar a una especie de indigestión religiosa orientada a que todos deban estudiar intensivamente las seis o siete mayores religiones mundiales. Es mucho mejor, señala, enseñar la tolerancia y el respeto por las otras religiones en el contexto de un currículo centrado primordialmente en la enseñanza del cristianismo.

Analicemos ahora el otro gran problema que intermitentemente viene perturbando a la opinión pública. Me refiero a la polémica, no exenta de visceralidad, de la no renovación del contrato temporal a profesores cuya vida privada contrasta con el ideario de la religión católica.

Cuando Miriam Tey -directora del Instituto de la Mujer- permitió hace unas semanas, como copropietaria de la editorial El Cobre, la publicación del libro de relatos de Hernán Mingoya Todas putas, en el que un psicópata intenta justificar la violencia contra las mujeres, se organizó un escándalo de opinión en que se pidió el secuestro judicial del libro y la dimisión de Tey. Razones : 1) para desarrollar ciertos cometidos hay que tener una unidad de vida, una coherencia; 2) no es de recibo estar trabajando por una causa en un despacho y hacer algo en contra de eso en la vida privada (EL PAÍS, 21 de mayo de 2003). Como observó Ignacio Aréchaga, me parecía estar escuchando a los obispos cuando defendían el derecho de la Iglesia a prescindir de algunas profesoras de religión cuya vida privada no era coherente con la doctrina que debían exponer en clase. Pero, entonces, algunas de las voces que en el caso Tey pedían coherencia entre ejercicio del cargo público y vida privada, en el caso de los profesores de religión despedidos defendían lo contrario.

Lo enconado del debate y sus paradojas probablemente hará que el tema llegue al Tribunal de Estrasburgo. Desde mi punto de vista, la decisión será favorable a la autonomía de la autoridad eclesiástica para nombrar y despedir profesores de religión. Sobre todo si estamos a la doctrina sentada por el Tribunal de Derechos Humanos en los casos Serif contra Grecia (14-XII-1999) y Hasan y Chaush contra Bulgaria (26-X-2000) al defender la autonomía decisoria que corresponde a los grupos religiosos. Según el tribunal, el Estado no está legitimado para interferir en una cuestión meramente religiosa, decidida por una comunidad confesional, incluso aunque esa comunidad se encuentre dividida por opiniones opuestas sobre el tema y pueda producirse, en consecuencia, una cierta tensión social. Ésta es también la postura de la mayor parte de los Tribunales Constitucionales europeos. Por ejemplo, el italiano (21-XI-1991) entendió como causa legítima de despido de una escuela católica el haber contraído matrimonio civil una profesora del centro. El mismo tribunal, en sentencia posterior (16-VI-1994), reconoció que el despido ideológico de un profesor de religión es admisible en la medida en que su actuación pudiera lesionar derechos constitucionales, como son la libertad para autoorganizarse de las confesiones religiosas y la libertad de escuela. Doctrina jurídica que en términos casi idénticos extiende el Tribunal Constitucional alemán a los partidos políticos y sindicatos. De ahí la justificación del cese o suspensión en la militancia de los asociados por manifestaciones o actuaciones contrarias al programa del partido o del sindicato o incluso por actividades privadas que se entiendan incompatibles con él. El tema de los tránsfugas políticos de la Comunidad de Madrid ha dado nueva actualidad al tema de la coherencia en el choque entre obligaciones políticas asumidas por el ideario de un partido político e intereses o actuaciones privadas.

La verdad es que toda organización (incluida las Iglesias) tiene una cultura propia. Lo que llamó Italo Calvino “aquello que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone”. Ese “ruido de fondo” en el tema de los profesores de religión es un conjunto de convicciones (doctrina) y de modos de obrar (moral) que puede chocar con actitudes que socialmente se imponen. El derecho a prevenirse frente a ellas es la natural reacción de un organismo vivo que quiere mantener su propia identidad.

Por lo demás, existe absoluta unanimidad en los medios políticos, culturales e ideológicos -con independencia de que unos prefieran que conste en la Constitución europea expresamente y otros piensen que basta la genérica referencia a las “raíces religiosas”- sobre la deuda que Europa tiene con las bases cristianas de sus fundamentos. Norberto Bobbio implícitamente ha vuelto a insistir en que los derechos humanos y su tutela no comienzan con la Revolución Francesa. Hunden sus raíces en esa mezcla de judaísmo y cristianismo que configura la faz económica y social de Europa. Al afirmar que “el gran cambio que supone reconocer a todo hombre como persona trae su causa en la concepción cristiana de la vida, según la cual todos los hombres son hermanos en cuanto hijos de Dios”, está apuntando al conocimiento de la religión cristiana como uno de los factores importantes de defensa de los derechos humanos.

Rafael Navarro-Valls es catedrático de la Universidad Complutense y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia.

Rafael Navarro-Valls, “Tengamos la boda en paz”, El Mundo, 5.XI.03

Un colega noruego, alta personalidad de la política y la vida cultural escandinava, me felicita por el compromiso nupcial del Príncipe Felipe y de Letizia Ortiz. Al tiempo, manifiesta cierta perplejidad por el hecho de que el futuro enlace sea por el rito católico, estando la próxima Reina divorciada de un previo matrimonio civil. Aprovecho la hospitalidad de EL MUNDO para intentar aclarar a sus lectores y a mi colega una cuestión jurídico-canónica de cierta entidad. Si me lo permiten, para entender el tratamiento jurídico que la Iglesia otorga al matrimonio civil contraído por la futura Reina de España, deberé remontarme varios siglos en la Historia. La aparición del matrimonio civil en Europa (ley de 1580 en los Países Bajos) es fruto de un fenómeno más religioso que civil: la Reforma protestante. Hasta entonces, la única forma de matrimonio existente en Europa era la religiosa: católica, judía o islámica. La tesis básica de los reformadores (Lutero, Calvino y otros) partía de la negación de la índole sacramental del matrimonio. De ahí concluyeron el carácter de «cuestión profana» , de «negocio puramente civil», cuya regulación correspondía al Estado. Naturalmente, en las esferas geográficas en que triunfaron los reformadores, el poder civil se apresuró a llenar el vacío legal que postulaba la Reforma, creando la forma civil del matrimonio. A este inicial impulso, posteriormente se sumaría el ambiente doctrinal de la Ilustración, cuyo desenlace sería la Revolución Francesa. Para sus protagonistas, la Iglesia carecía de competencia jurídica sobre el matrimonio y la única forma válida para celebrarlo sería la civil (artículo 7 de la Constitución de 1791). El resto de Europa ajeno a la Reforma o a la Revolución francesa creó una fórmula de compromiso: la existencia simultánea de dos clases de matrimonio, el civil y el canónico. El primero lo celebrarían los no católicos, el segundo los que profesaran la religión católica.

Prescindiendo de multitud de matices que haría farragosa esta explicación, diré que, en España, triunfó este sistema dualista, salvo alguna breve etapa de su historia (leyes de 1870 y 1932 de matrimonio civil obligatorio). De modo que, siempre prescindiendo de matices, cada matrimonio sería regulado por la correspondiente potestad: la Iglesia, en el caso del matrimonio canónico; el Estado, en el supuesto del matrimonio civil. Por otra parte, la suma de la tradición civil española y la existencia de acuerdos internacionales entre la Iglesia y el Estado haría que el matrimonio canónico -ahora también el judío, el protestante y el islámico- tuviera efectos civiles. Es decir, que si el matrimonio se celebra en forma religiosa, no es necesario celebrarlo, además, en forma civil.

Y así como el Estado establece unas normas propias para el matrimonio civil, que pueden contradecir las normas canónicas (por ejemplo, desde el lado estatal, un sacerdote puede contraer matrimonio civil, aunque lo tenga prohibido por la Iglesia), también la Iglesia establece las suyas propias. Así, para el Derecho canónico los católicos que no se han apartado por acto formal de la Iglesia, han de celebrar el matrimonio en forma religiosa católica, si quieren estar casados religiosamente. Si celebran solamente matrimonio civil, su unión no es válida. Lo cual no quiere decir que no sea respetable sino que no produce efectos religiosos, que es una simple unión de hecho. En este contexto, Iglesia y Estado tienden a que se eviten los conflictos jurídicos, aunque no pueden -por coherencia- adaptar sus normas en su totalidad a las leyes ajenas.

Letizia Ortiz, por las razones que fuera, contrajo matrimonio sólo civil con su primer esposo. Ante el Estado este matrimonio era perfectamente válido (eficaz), pero no ante la Iglesia, por las razones explicadas. Al contradecir sus normas, la Iglesia no lo acepta como válido, es decir, productor de efectos jurídicos.

Esto no puede extrañar si tenemos en cuenta que cada ordenamiento jurídico (ya sea estatal, ya sea religioso) dispone la eficacia de los actos jurídicos siempre que se observen, en su realización, sus normas. Y al igual que, por ejemplo, ningún derecho civil occidental concede efectos plenos al matrimonio polígamo de un ciudadano musulmán (aunque su religión se lo permita), o el derecho civil español tampoco entiende válido (salvo dispensa particular) el matrimonio contraído por un menor de 18 años (aunque existan Derechos religiosos que establezcan edades menores, como el canónico), tampoco el Derecho de la Iglesia católica reconoce, generalmente, el matrimonio de un católico cuando lo contrae civilmente. Es decir, contraviniendo la norma jurídica que le obliga, jurídicamente y en conciencia, a celebrarlo por la Iglesia.

Antes he dicho que, en España, el Estado y la Iglesia procuran evitar choques jurídicos, por su diversa conceptuación del matrimonio. Y hemos visto que, al ser el matrimonio civil de Letizia Ortiz inválido (inexistente) ante la Iglesia, nada le impediría celebrar matrimonio canónico con una tercera persona, incluso aunque no lo hubiera disuelto civilmente. Pero, en este último caso, nos encontraríamos con un caso de lo que los juristas llamamos «bigamia permitida»: es decir, habría dos matrimonios válidos en el contexto social y jurídico: uno ante la Iglesia y otro ante el Estado. Para evitar esta anomalía, la Iglesia, en estos supuestos, impide la celebración de un segundo matrimonio hasta que el primero no esté disuelto. Es el único supuesto que admite el divorcio civil, pero como un expediente puramente formal para lograr la igualdad de situaciones jurídicas en Derecho civil y en Derecho canónico. De este modo, el divorcio de Letizia Ortiz de su primer matrimonio no sería tal divorcio desde el punto de vista del Derecho canónico. Más bien sería un simple instrumento legal para permitir que Letizia acceda, en el futuro, a un matrimonio ante la Iglesia. Así que, en síntesis y siempre desde el punto de vista jurídico, el inicial matrimonio no sería tal para la Iglesia católica y el subsiguiente divorcio tampoco tendría la carga jurídica que le otorga el Estado.

Ya sé que estas elucubraciones jurídicas a más de uno pueden sonarle a chino. Pero no por eso dejan de ser verdaderas. A los agnósticos me figuro que la situación jurídico-matrimonial de Doña Letizia no debería preocuparles. A los católicos, siempre desde el punto de vista jurídico y por lo dicho, tampoco. Tengamos, pues, la fiesta -o mejor la boda- en paz.

Rafael Navarro Valls es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.