Categoría: 2 Etica

No nos pronunciaremos aquí sobre el escándalo que en estos días sacude un hospital de Leganés. Pero este turbio asunto nos permitirá abordar un aspecto nuclear de la eutanasia que con frecuencia se soslaya, a saber: la relación que se entabla entre el médico y el enfermo. Los defensores de la eutanasia suelen presentarla como un mero acto de voluntad soberana en el que el enfermo determina los confines de su propia existencia. Podemos echarle toda la épica sentimental que deseemos a este presunto ámbito de decisión autónoma del enfermo, mas no por ello dejaremos de falsear la realidad. La eutanasia exige al menos la intervención de dos personas: se trata de una relación intersubjetiva en la que, sin embargo, uno de los sujetos participantes impone su voluntad sobre el otro. Quizá sea este componente asimétrico el que convierte la eutanasia en una relación más que discutible desde una perspectiva estrictamente jurídica: pues, o bien el enfermo se convierte en dueño de la voluntad del médico, reduciéndolo a mero instrumento de su designio, o bien -y esta posibilidad resulta aún más escalofriante- el médico se erige en señor de la vida del enfermo, arrogándose un poder desproporcionado.

En Derecho, las relaciones imponen derechos y deberes correlativos; en la eutanasia, sin embargo, el presunto «derecho a morir» del paciente no genera un deber correlativo en el médico, pues -en esto convendremos todos, incluso los más acérrimos defensores de la eutanasia- nadie puede ser obligado por un «deber de matar». Pero la naturaleza viciada de esta peculiar relación que se entabla en la eutanasia se hace todavía más notoria, más insoportablemente notoria, cuando el médico suplanta la voluntad del paciente. La intervención del médico en casos de eutanasia es siempre valorativa; y, del mismo modo que en la emisión de un diagnóstico el médico puede cometer errores, puede confundirse en la valoración de una enfermedad que juzga incurable. Los motivos de esa valoración errónea son diversos: el médico, en el desenvolvimiento de su trabajo, está sometido con frecuencia a presiones insuperables (falta de camas, necesidad perentoria de órganos para trasplantes, etcétera), pero además pueden actuar sobre su decisión razonamientos equívocos de índole ideológica, filosófica o humanitaria (máxime ahora, cuando la eutanasia se ha convertido en una medalla de santidad laica). No olvidemos que el célebre Doctor Muerte mataba a sus pacientes convencido de que les administraba un piadoso viático.

Cuando se somete a escrutinio jurídico y moral la eutanasia, sus defensores suelen partir de una situación ideal -el enfermo, en pleno uso de sus facultades mentales, demanda la muerte- que no suele producirse en la realidad. A la postre, en la mayoría de los casos de eutanasia el enfermo carece de voluntad, o, si la posee, está muy gravemente viciada: a veces, confunde el sufrimiento con el deseo de morir; a veces, solicita la muerte convencido de que si sigue viviendo se convertirá en una rémora para su familia; y a veces, incluso, ni siquiera puede expresar su voluntad, dada la postración en que se halla. La existencia de un «testamento vital» tampoco soluciona nada, pues no podemos presumir que el deseo de morir que el enfermo expresó estando lúcido no lo haya rectificado -sin haberlo podido verbalizar- durante el estado de conciencia latente al que lo ha conducido la enfermedad.

No creo que nadie defienda la eutanasia involuntaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la relación que se entabla entre médico y paciente, una de las partes intervinientes es reducida en la mayoría de las ocasiones a mero objeto sin voluntad. ¿Puede el Derecho amparar esta relación?

La batalla de las ideas libra su primera escaramuza en la batalla de las palabras. Quienes imponen sus acuñaciones verbales acaban, tarde o temprano, infiltrándose en el ánimo social que, al ceder a la tropelía lingüística, muestra su permeabilidad a posteriores y más definitivas claudicaciones. Cuando se inicia un proceso de tergiversación semántica podemos anticipar cuáles serán sus consecuencias, nunca inocentes. Se empieza cediendo en el significado de las palabras y se acaba entregando sin disputa la realidad que dichas palabras representan. Quienes defienden la legalización de la eutanasia han impuesto un sintagma excluyente que destierra a las tinieblas exteriores a quienes oponen reparos jurídicos, filosóficos o morales a su vindicación. Me refiero, claro está, a la expresión "derecho a morir dignamente", que los apologistas de la eutanasia al principio empleaban con un propósito eufemístico, y cuyo uso ya ha contaminado el lenguaje coloquial, incluso el lenguaje periodístico, que se presume imparcial y ecuánime. Se trata, además, de una contaminación alevosa, pues, bajo su apariencia más o menos inocua, se incluye una intención ferozmente capciosa.

Cuando decimos "derecho a morir dignamente" dictaminamos, por pura y simple eliminación, que aquellas personas que deciden soportar el dolor o los impedimentos físicos mueren "indignamente". Así se establecía, con esa sumaria caracterización que permiten las imágenes, en la reciente película de Amenábar: si en verdad el propósito de Mar adentro hubiese sido -como rezaba la propaganda- celebrar la capacidad decisoria del hombre que resuelve soberanamente si su vida merece la pena ser vivida, la opción del personaje interpretado por José María Pou se habría mostrado tan respetable -tan digna- como la del protagonista encarnado por Javier Bardem. Pero, en lugar de aspirar a comprender, en su infinita gama de matices, las diversas actitudes con las que una persona agonizante o maltrecha se enfrenta a su propia muerte, aquella película incurría en el maniqueísmo más tosco, caricaturizando al personaje que prefería seguir viviendo y elevando a los altares del santoral laico al que decidía "morir dignamente", tomándose un chupito de cianuro.

No hay tertulia radiofónica o televisiva sobre la eutanasia que no incluya la expresión mencionada como sinónimo de la eutanasia; incluso la prensa escrita incurre con frecuencia en esta perversión lingüística. Pero cada vez que, por dejadez o perfidia, se habla del "derecho a morir dignamente" se está confinando en un lazareto de proscripción a quienes, postrados en un lecho o atados a una silla de ruedas, resisten la tentación del suicidio y sobrellevan el dolor, también a quienes los asisten abnegadamente. Así, resistir a la tentación de la muerte, esforzarse por vivir y sobreponerse al sufrimiento se convierte en una "indignidad" propia de pringados; y quienes profesan esta forma de coraje son calificados -siquiera de forma tácita- de fardos que la sociedad carga con disgusto y hastío. Hoy nos conformamos con recluirlos en un gueto de "indignidad"; quizá mañana arbitremos los mecanismos legales para administrarles por obligación una muerte "digna" e indolora.

Ahora que las perversiones lingüísticas imponen su dictadura rampante, conviene que nos alimentemos con palabras que aún no hayan extraviado su significado originario. Como las que Sancho pronuncia llorando, en el capítulo último del Quijote: "No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía".

Después de leer quinientas o seiscientas entrevistas a Alejandro Amenábar y recensiones críticas de su película (nunca los engranajes de la propaganda se habían mostrado tan engrasados), uno llega a la conclusión de que «Mar adentro», antes que una obra de tesis, pretende ser una vindicación de la libertad del hombre para gobernar su destino. Cuando se le pregunta si aboga por la eutanasia, Amenábar esquiva la declaración tajante, para referirse a ese ámbito de autonomía personal en que cada hombre resuelve soberanamente si su vida merece o no la pena ser vivida; de este modo, la solución adoptada por Ramón Sampedro, el protagonista de la película, se presenta como un ejercicio de afirmación vitalista: el hombre es dueño de sus decisiones y, como tal, proclama su derecho a morir, libre de ataduras jurídicas o morales. La muerte se convierte así en un acto íntimo, sobre el que no ejerce imperio sino la propia conciencia; y, en consecuencia, Amenábar propone una película de corte intimista, que no aspira a juzgar las razones que impulsaron a Sampedro a abreviar sus penurias, sino a comprenderlas.

Hasta aquí las declaraciones de Amenábar, que la contemplación de «Mar adentro» desmiente concienzudamente. Pues sí, en efecto, la intención del director hubiese sido celebrar esa capacidad decisoria del hombre para determinar los confines de su propia vida, tan respetable como la solución adoptada por Sampedro resultaría la de quienes, sobreponiéndose a las calamidades que los afligen, desean seguir viviendo. Pero no. Amenábar introduce una secuencia bastante rastrera en la que se mofa de un sacerdote (al parecer inspirado en una persona real, lo cual añade vileza al asunto), paralítico como Sampedro, que afirma su ansia de vivir. Al progresismo rampante y hegemónico, que tanto se regocija con el escarnio de lo religioso (de lo cristiano, convendría precisar), esta secuencia le resultará muy graciosa y estimulante; aunque, en puridad, se trata de una caricatura gruesa, de una abyección difícilmente superable, en la que Amenábar demuestra que su intención no era comprender las razones de cada hombre, sino justificar, a través del engaño y la tergiversación de brocha gorda, las razones de su protagonista y, de paso, burlarse de quienes, en medio de la postración, aún encuentran motivos para seguir respirando. El diálogo que mantienen Sampedro y el sacerdote se presenta como una situación cómica que apela a la risa del espectador a través de recursos tan bajunos como la deformación esperpéntica y el ensañamiento bufo. Por supuesto, este diálogo incluye afirmaciones de una falsedad vomitiva (así, por ejemplo, se sostiene alegremente que la Iglesia defiende la pena de muerte), que sólo un espectador ofuscado por el odio antirreligioso podrá digerir sin repulsa.

Resulta muy difícil enjuiciar una obra tan tendenciosa y manipuladora en términos estrictamente cinematográficos. Me atreveré, no obstante, a traer a colación otro pasaje de la película sobre el que los críticos, tan sospechosamente unánimes (elogiar «Mar adentro» se ha convertido en «razón de Estado»), pasan de puntillas, temerosos de suscitar las iras de quienes manejan el cotarro. Me refiero a la secuencia de la fantasía volátil del protagonista, que se inicia con uno de esos planos de helicóptero que tanto repudian los críticos cuando se trata de denigrar una película hollywoodense y se remata con un encuentro amoroso en la playa digno de un anuncio de colonias filmado al alimón por Claude Lelouch y Franco Zeffirelli en plena resaca de anisete. Cualquier otra película que hubiese incluido esta secuencia entre sus fotogramas hubiese sido tildada de cursi y almibarada; pero la «razón de Estado» impone un deber de silencio. El silencio de los corderos, que viajan en rebaño y balan el mismo ditirambo.

He detectado un cierto tufillo farisaico en la conmoción social causada por esa sentencia judicial que impone a los familiares de una viejecita que había sido abandonada en la vía pública una multa ínfima. Y esa hipocresía ha alcanzado su clímax cuando se ha comparado la citada sentencia con otra que castigaba más severamente a los dueños de un perro por dejarlo tirado en similares circunstancias. Pues, no nos engañemos, hoy por hoy un perro es mucho más digno de protección que un anciano. Cierto progresismo ambiental ha enarbolado como vindicación prioritaria los llamados «derechos de los animales»; en cambio, se acepta que la vejez sea una edad excedente, una prolongación ignominiosa de la vida que conviene recluir y esconder, para que no nos recuerde la inminencia de la muerte. Quienes defienden la eutanasia activa (con frecuencia, los mismos que vindican los «derechos de los animales») habrían considerado a esa viejecita octogenaria y aquejada de Alzheimer una víctima (perdón, una beneficiaria) idónea de la muerte dulce que predican, pues, según sus presupuestos, una vida humana de la que emigrado la consciencia no merece la pena ser vivida; no así una vida animal, que merece prolongarse aunque nunca haya sido consciente. La viejecita de la sentencia, náufraga en las nieblas de la desmemoria, se había convertido ya en un cachivache desechable. El novio de una de sus nietas lo ha expresado expeditivamente: «Si no participamos en la herencia, ¿por qué teníamos que limpiarle el culo?».

Y al chavalote, de retórica tan abrupta como menesterosa, le ha faltado añadir que, a fin de cuentas, no hicieron con la abuela nada más de lo que nuestra época les ha enseñado. La vejez se ha convertido en la lepra más abominable: nos esforzamos patéticamente en rehuir su imperio recurriendo a disfraces indumentarios bochornosos, aferrándonos al cultivo de aficiones juveniles, incluso rectificando nuestras arrugas en un quirófano. Vanos y desesperados intentos de interrumpir el curso de la mera biología, que sin embargo se explican si consideramos que la vejez constituye un baldón social. No sólo la desdeñamos como depositaria de una sabiduría ancestral, también nos esforzamos por segregarla de nuestra vida: así, encerramos a los viejos en lazaretos apartados de las ciudades, para no presenciar su decrepitud; nuestras empresas se desprenden de sus trabajadores más veteranos mediante el oprobioso recurso de la «prejubilación»; en el cine y la televisión está completamente prohibido otorgar el protagonismo a actores que sobrepasen los sesenta años (algunos menos si son actrices), para los que en todo caso se reservan papeles de relleno, pintorescos o atrabiliarios. Si algún viejo se atreve a rebelarse contra esta dictadura de la juventud, negándose al ostracismo y exponiendo sus achaques a los reflectores de la atención pública, como hace el Papa, apenas logramos reprimir nuestro disgusto, pues consideramos que en ese gesto, amén de un rasgo de rebeldía, subyace un obsceno desafío que nos amedrenta.

Pero este menosprecio de la vejez no habría calado tan hondo si previamente no nos hubiésemos ocupado de arrasar los vínculos que sostienen la familia. Pues es en la familia donde adquirimos una noción verdadera de lo que significa el paso de las generaciones como vehículo transmisor de valores, afectos, cultura, creencias y sufrimientos; una vez aprendida esa enseñanza vital, resulta imposible contemplar a un viejo como un mero armatoste desechable, menos valioso que un perro. Pero cada época lega a la posteridad los frutos de su clima moral; y esa sentencia que impone a los familiares de una vieja abandonada el pago de una multa ínfima se me antoja una expresión cabal, definitoria y coherente de la época que vivimos.