Ignacio Sánchez Cámara, “Totalitarismo débil”, ABC, 9.III.2011

«La verdad no depende del sufragio universal. Un buen Gobierno no se opone a que el conocimiento aumente, pero jamás puede legítimamente determinar lo que es verdadero o bueno. Si el poder público impone como verdad sus opiniones, destruye la libertad»
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Ignacio Sánchez Cámara, “La abolición del bien”, La Gaceta, 21.XII.2008

El relativismo ético goza de una inmerecida buena reputación.

Al relativismo ético le corresponde una responsabilidad fundamental sobre la crisis moral de nuestras sociedades occidentales. Si se niega la existencia de criterios objetivos o universales para distinguir entre el bien y el mal, la frontera entre ambos resulta porosa, y queda abierta la vía que conduce a la abolición del bien. El relativismo ético goza de una inmerecida buena reputación. Es cierto que, aparentemente, resulta convincente, y que es innegable la discrepancia de opiniones morales y la influencia sobre ellas de factores sociales y culturales, y que suele ir vinculado, erróneamente, a posiciones tolerantes y liberales, no dogmáticas. Pero constituye un viejo error filosófico, que data, al menos, del siglo V antes de nuestra era, con el sofista Protágoras.

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Ignacio Sánchez Cámara, “De la concepción a la muerte”, La Gaceta, 3.III.2008

Ninguno de los males que se pretende suprimir con el aborto es mayor que el mal que el aborto entraña en sí mismo.

Una carta enviada por la publicación italiana Il Foglio al secretario general de la ONU, suscrita ya por una nutrida nómina de personalidades de muchos países (entre otros muchos, René Girard, Roger Scruton, John Haldane, George Weigel y Robert Spaemann), solicita una moratoria internacional de las políticas públicas que fomentan o toleran el ejercicio arbitrario de un poder de aniquilamiento de embriones en el seno materno, que viola el derecho a nacer y el derecho a la vida. Esta tarde, en la sede madrileña del CEU, tiene lugar un acto de difusión y apoyo a esta iniciativa. Según datos fiables, en las tres últimas décadas se han llevado a cabo más de mil millones de abortos, es decir, unos cincuenta millones por año. Nada hay tan urgente como detener el mayor crimen colectivo y la peor tragedia de la historia de la humanidad. La petición solicita una modificación de la redacción actual del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU ("Todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona"), que intercalaría el siguiente texto después de la primera coma: "desde la concepción hasta la muerte natural". La vida humana debe ser protegida desde su concepción hasta la muerte natural, desde su comienzo hasta su final. Si no se hace así, quiebran las bases del humanismo y se abre la puerta a la barbarie consentida.

Es una cuestión que rebasa toda diferencia ideológica o religiosa para afectar a los fundamentos de la dignidad del hombre y a la autoconcepción que tenemos de nuestra propia especie. La alternativa no es otra que la que existe entre la civilización y la barbarie. He aquí dos testimonios. El primero de Gandhi: "Me parece claro como la luz del día que el aborto es un crimen". El segundo, de Pier Paolo Pasolini: "Soy contrario a la legalización del aborto porque la considero una legalización del homicidio". Ninguno de los males que se pretende suprimir con el aborto es mayor que el mal que el aborto entraña en sí mismo. Por lo demás, los problemas planteados por los embarazos no deseados pueden solucionarse o mitigarse sin tener que recurrir al crimen. El aborto no es la última solución; no es una solución en absoluto.

Un conjunto de mujeres españolas acaba de lanzar estos días un manifiesto en defensa de los más indefensos. En él, recuerdan que en nuestra legislación no existe algo así como un derecho al aborto en contra de lo que viene pregonando el Gobierno o al menos, algunos de sus ministros. Recordemos una vez más que en nuestro Derecho, el aborto es un delito tipificado en el Código penal y castigado con penas de privación de libertad. Sólo en tres casos concretos, se exime la imposición de la pena, lo que no significa que exista un derecho en esos tres casos. Desde que se aprobó en España la despenalización parcial del aborto en 1985 hasta 2005, se han practicado 1.021.027 abortos "legales". En el 97% de los casos, el supuesto invocado ha sido el peligro grave para la salud física o psíquica de la madre. El manifiesto propone una serie de medidas de apoyo a las embarazadas y modificaciones legislativas que evitarían este panorama terrible y desolador.

Es muy significativo y triste el silencio que sobre tan trágico problema se está extendiendo durante la actual campaña electoral. Es verdad que el PP defiende el mantenimiento de la legislación actual, aunque impidiendo los masivos fraudes de ley que padecemos. Y también lo es que el PSOE no ha anunciado la reforma legal para aprobar una ley de plazos (es decir, la legalización del homicidio durante las primeras semanas de la existencia humana), pero sí se ha pronunciado a favor del replanteamiento de la legislación actual. Por lo demás, asociaciones y grupos que apoyan al Gobierno socialista se declaran partidarios de una reforma legislativa que establezca el "derecho" al aborto durante las primeras semanas de la gestación. Sería muy conveniente aclarar a los electores una cuestión tan decisiva, a pesar de que, como parece, no constituya un pingüe botín de votos. Al parecer, es mucho más importante un punto arriba o abajo de la inflación o del paro.

Y uno se pregunta cómo es posible que no se detenga este crimen que no cesa, cómo es posible que exista esta abominable aceptación social del aborto. Quizá la respuesta resida en que nos enfrentamos a una ideología que escamotea la realidad e intenta reducir al silencio a los discrepantes. Esta ideología abortista tiene una de sus principales expresiones en la manipulación del lenguaje y en la interesada y descarada desfiguración de los hechos. Por eso, pocas cosas irritan tanto a sus partidarios como la difusión de imágenes que proclaman la verdad que encubre la mentira ideológica. Es necesario apoyar esta moratoria antiabortista dirigida a la comunidad internacional que persigue la protección de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural.

Ignacio Sánchez Cámara, “La economía del espíritu”, La Gaceta, 9.VII.07

En las encuestas sobre las preocupaciones principales de los ciudadanos nunca aparece en los primeros lugares la educación. Y nada hay más importante en la vida pública. Suelen aparecer el paro, el terrorismo, la inmigración o la vivienda. Como si esos problemas, como todos, no tuvieran en la educación su clave y el fundamento de su solución. Si la economía persigue la mejor gestión de los recursos materiales escasos, la educación vendría a ser algo así como la economía del espíritu. Se habla bastante del derecho a la educación (que no es, por cierto, lo mismo que el derecho del Estado a educar, sino, más bien, todo lo contrario), pero apenas se habla del deber de educarse. Es una manifestación más de la hipertrofia de los derechos y de la atrofia de los deberes.

Tampoco suele distinguirse entre tres cosas relacionadas pero distintas: la urbanidad, la instrucción y la educación. Ni son lo mismo, ni es la misma la competencia de los poderes públicos en cada una de ellas. Si alguna le cabe en la urbanidad y la instrucción, ninguna en la educación. La educación es la formación de la persona, que es algo más hondo, relevante y previo que el ciudadano. Los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero no dispensarlo. En su ensayo Sobre la libertad, escribe Mill: «Las objeciones que con razón se formulan contra la educación por el Estado no son aplicables a que el Estado imponga la educación, sino a que el Estado se encargue de dirigirla, lo cual es cosa totalmente diferente. Me opondré tanto como el que más a que toda o una gran parte se ponga en manos del Estado… Una educación general del Estado es una mera invención para moldear al pueblo haciendo a todos exactamente iguales, y como el molde en el cual se les funde es el que satisface al poder dominante en el gobierno…, establece un despotismo sobre el espíritu, que por su propia naturaleza tiende a extenderse al cuerpo». Está claro.

Ni siquiera la Constitución constituye un límite para la libertad de expresión y, por lo tanto, de enseñanza. Para empezar, ella no entraña la verdad moral. Es sólo una norma jurídica, si bien la norma básica y fundamental, que, a su vez, se apoya en principios morales. Pero ella no decide sobre el bien y el mal, sino sobre lo jurídico y lo antijurídico. La Constitución debe ser cumplida, también, por supuesto, en el ámbito educativo. Pero cumplirla no es lo mismo que sacralizarla. Si ella prevé su modificación, necesariamente aceptará la crítica, pues no es posible modificar algo sin previamente criticarlo. Enseñar o promover algo contrario a la Constitución no es, por sí mismo, algo inconstitucional. Criticar no es transgredir; incumplir, sí.

Pretender que el Estado eduque o determine el contenido moral mínimo de la educación de los ciudadanos es inmoral, antidemocrático e inconstitucional. No hay educación sin disciplina, jerarquía y superioridad, en algún aspecto, por parte de quien educa. Como el Estado democrático es de suyo igualitario, no puede aspirar a la ejemplaridad moral, a la educación ni a la autoridad social. La autoridad política y la social están radicalmente escindidas. Al final de su ensayo Misión de la Universidad, Ortega y Gasset reivindica el valor de la institución que tiene encomendada la educación superior para erigirse en «poder espiritual». Así, afirma que hoy no existe en la vida pública más «poder espiritual» que la Prensa, pero el periodismo ocupa en la jerarquía de las realidades espirituales el rango inferior. «Por dejación de otros poderes, ha quedado encargado de alimentar y dirigir el alma pública el periodista, que es no sólo una de las clases menos cultas de la sociedad presente, sino que, por causas, espero, transitorias, admite en su gremio a pseudointelectuales chafados, llenos de resentimiento y de odio hacia el verdadero espíritu». La vida pública tiene que regirse por un poder superior. La Iglesia no cumple, según él, esa función porque ha abandonado el presente. El Estado, tampoco porque, triunfante la democracia, no puede gobernar a la opinión pública, sino que es dirigido por ella. Añadiría, por mi parte, que los intelectuales, o la mayoría de ellos, tampoco pueden ejercer esa función directora porque se han convertido, prostituyéndose, en servidores de los tópicos dominantes, en lugar de ser críticos de ellos. En este sentido, la Iglesia, si acierta a recuperar el presente, sin renunciar a lo eterno, podría aspirar a ejercer ese poder espiritual. Sólo quien se opone a la opinión dominante puede aspirar a influir sobre ella y a cambiarla. Eso es precisamente lo que no puede hacer el Estado democrático sin dejar de serlo, para sucumbir así a la tentación totalitaria. El espíritu no es democrático, pero nada tiene que temer de la democracia, pues ella proporciona libertad para todos; también para los que tienen puesta su mirada y sus aspiraciones en lo más alto. El poder político democrático gobierna legítimamente, pero, si aspira a educar, lo hará ilegítimamente.

Ignacio Sánchez Cámara, “Una cuestión de libertad”, La Gaceta, 16.VII.07

La polémica planteada por la imposición gubernamental de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía no es un nuevo episodio de la vieja querella religiosa, ni del superado problema escolar, resueltos por la Constitución vigente, sino una cuestión de libertad que enfrenta a conservadores y liberales, por un lado, y a socialistas y comunistas, por otro, o incluso a demócratas (liberales) y a filototalitarios. Pues si la Iglesia Católica tuvo en el pasado una hegemonía educativa abusiva, la solución no es su sustitución por una hegemonía estatalista y laicista de signo opuesto, sino la libertad. Si en el pasado existió la asignatura, impuesta y sesgada, de Formación del Espíritu Nacional, la solución no es su sustitución por una alternativa, igualmente impuesta y sesgada. Del mismo modo que los males de la hegemonía de los vencedores en la guerra civil no se cura con una tardía e imposible victoria de los vencidos, sino con la libertad de todos y la reconciliación.

La mayoría parlamentaria, por lo demás tan exigua que deja fuera casi a la mitad de los ciudadanos, carece de legitimidad (aunque, por los errores de nuestra legislación, que no exige mayoría cualificada para los grandes textos legales educativos, no de legalidad) para imponer una enseñanza moral obligatoria. Ni siquiera podría hacerlo una mayoría más amplia, pues la educación es un derecho (y un deber) fundamental de los ciudadanos que corresponde ejercer a los padres. Aunque se tratara de una mera formación cívica, no es posible llevarla a término sino a partir de ciertos principios morales. Entonces, sólo habría sido legítima su implantación (y aún esto sería dudoso) si hubiera contado con la adhesión de, al menos, los dos grandes partidos nacionales. La pretensión del Gobierno de que se trata de inculcar unos principios mínimos de buena ciudadanía compartidos por todos choca ante el argumento incontestable de que la oposición y centenares de miles de padres no están de acuerdo. No se puede caracterizar como aceptable para todos lo que no es aceptado por todos. Aquí la prueba es irrefutable. No puede aspirar a defender la libertad quien impone algo violentando la libertad de muchos. Y todo esto vale, sin entrar a considerar si los programas y los contenidos de los libros de texto son buenos o malos, acertados o erróneos. Basta con que no haya consenso para que exista vulneración del derecho a la elección por los padres de la educación moral de sus hijos. En cualquier caso, ningún gobierno ni ninguna mayoría minoritaria parlamentaria posee derecho para definir lo que es ser un buen ciudadano y determinar su contenido e imponerlo.

Una prueba más de que el Gobierno no actúa en favor de la libertad la suministra el hecho de que la nueva asignatura se presenta como obligatoria y no como optativa. Si es la formación cívica del Gobierno y sus aliados, entonces que se ofrezca como optativa, pero que no se imponga a todos. Estas son algunas de las razones que justifican el rechazo de muchos ciudadanos, instituciones y asociaciones, e incluso el eventual recurso a la objeción de conciencia. No se trata aquí tanto de un derecho como de un deber. Si un padre estima que la asignatura forzosa impone a sus hijos principios morales o una concepción de la buena ciudadanía que no comparten, deben oponerse a que sus hijos reciban una educación contraria a su criterio. Para ello le ampara no sólo la fuerza del deber sino también la Constitución.

En cualquier caso imponer algo en nombre de la libertad, parece abusiva contradicción en los términos. Ni el Estado, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni, por supuesto, la Iglesia, ni ninguna otra institución, pueden aspirar al monopolio de la educación moral ni a la determinación de los atributos y condiciones de la buena ciudadanía. Un Gobierno que se introduzca, y más si lo hace sin acuerdo con la oposición y de manera obligatoria e impositiva, se desliza por la pendiente antiliberal que conduce al totalitarismo. Por eso, decía al principio que se trata de una pura cuestión de libertad. El Estado es el garante del ejercicio del derecho a la educación, pero su pretensión de dirigir la educación y determinar sus contenidos morales lo convierte, en ese aspecto en un poder ilegítimo. En realidad, la intención del Gobierno al imponer esta nueva asignatura resulta muy claro: generar una educación moral y cívica afín a sus orientaciones e intereses, que le permita crear un estado de opinión favorable a sus principios y programas que, en última instancia, favorezca su pretensión de marginar a la oposición y perpetuarse en el poder. Pero someter la educación, el bien público y privado más elevado que existe en una sociedad, al dictado del poder constituye un atentado mortal contra la libertad. Educación para la Ciudadanía, tal como se ha planteado, no es sólo una cuestión de concepciones morales en conflicto, sino un asunto que afecta a las libertades fundamentales de los ciudadanos: una cuestión de libertad.

Ignacio Sánchez Cámara, “Pilatos y la democracia”, La Gaceta, 6.VIII.07

El relato es sencillo, conmovedor y maravilloso. Pertenece al capítulo XVIII del Evangelio de san Juan. De la casa de Caifás, es conducido Jesús al pretorio, ante Poncio Pilatos, quien, al no ver culpa en Él, pretende que sea juzgado según la ley de los judíos. Y se produce una memorable conversación entre Jesús y el poderoso gobernador romano. En ella, el Maestro afirma que es Rey, pero que su Reino no es de este mundo, y luego declara que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. «Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Entonces el gobernador romano pregunta: ¿qué es la verdad? Después apela al pueblo, y lo entrega para que lo crucifiquen después de lavarse, escépticamente, las manos.

La tesis de que la democracia se fundamenta en el relativismo moral es antigua. Al menos, se encuentra ya en el sofista Protágoras. Desde entonces ha reaparecido una y otra vez en el pensamiento occidental, hasta casi prevalecer en nuestros días. El gran jurista, pero pésimo pensador, Hans Kelsen, ha sido uno de sus más tenaces defensores. En su Esencia y valor de la democracia, comentando el inmortal pasaje, afirma que el plebiscito popular fue contrario a Jesús. Y concluye: «Quizás se objetará, objetarán los creyentes, los políticamente creyentes, que precisamente este ejemplo habla antes contra la democracia que a su favor. Y hay que admitir ese reproche; pero sólo bajo una condición: que los creyentes estén tan seguros de su verdad política —que llegado el caso también debe imponerse con la fuerza de la sangre— como lo estaba de la suya el Hijo de Dios». Difícil es equivocarse de manera más descomunal. El pasaje no habla de la democracia, sino de la verdad. Los creyentes, al menos los cristianos, no están seguros de su verdad política, sino de su verdad religiosa y moral. También se equivoca Kelsen al afirmar que Pilatos, como romano, estaba acostumbrado a pensar democráticamente, y que, por eso, apeló al pueblo. Ni Roma era ya una democracia, ni la apelación a los judíos era un plebiscito democrático. Lo que hace Pilatos es escudarse en el relativismo moral para quitarse problemas de encima y permitir la condena de Jesús. Lo que condena a Cristo no es la democracia sino, más bien, el relativismo moral. Acaso esto mismo ya prueba que no se trata de la misma cosa, ni de que uno sirva de fundamento a la otra. Por lo demás, Kelsen se refiere a Pilatos como a un hombre «de una cultura vieja, agotada, y por esto escéptica». El escepticismo es algo propio de una cultura decadente. También había afirmado un poco antes que «la democracia aprecia por igual la voluntad política de todos, como también respeta por igual todo credo político, toda opinión política, cuya expresión es la voluntad política». No; la democracia no respeta por igual todas las opiniones políticas, porque ella misma es una opinión política junto a otras, aunque más conforme a la dignidad y libertad humanas.

La raíz de su error se encuentra en la pretensión de que la democracia se fundamente en el relativismo moral. Si así fuera, carecería de fundamento consistente. Si la democracia encarna y asume valores, no puede fundamentarse en la inexistencia de valores. Un gran filósofo, Hegel, también se había referido, mucho más certeramente, al memorable pasaje evangélico en su Lógica. Al preguntar ¿qué es la verdad?, Pilatos lo hace como quien sabe a qué atenerse en este punto, como quien sabe que no hay conocimiento de la verdad. «Y así, este abandono de la indagación de la verdad que en todo tiempo ha sido mirado como señal de un espíritu vulgar y estrecho, es hoy considerado como el triunfo del talento. Antes, la impotencia de la razón iba acompañada de dolor y de tristeza. Pero pronto se ha visto a la indiferencia moral religiosa, seguida de cerca de un modo de conocer superficial y vulgar, que se arroga el nombre de conocimiento explicativo, reconocer, francamente y sin emoción, esa impotencia y cifrar su orgullo en el olvido completo de los intereses más elevados del espíritu». Nada es más falso que esa idea que pretende que nada podemos saber de lo eterno y absoluto. La dignidad del hombre radica en sentirse capaz de alcanzar las altas verdades. «La esencia oculta del universo no tiene fuerza que pueda resistir al amor a la verdad». ¿Qué es la verdad? Algo que puede ser alcanzado por la razón humana, si acierta a liberarse de la pereza y el prejuicio.

Ni la democracia se fundamenta en el relativismo moral, ni puede ella por sí misma determinar lo que es verdadero o falso. No hay estupidez comparable a la pretensión de excluir de la democracia a quienes pretenden conocer la verdad. Como si la democracia fuera un procedimiento para establecer verdades en el que la condición de la admisión fuera el reconocimiento de carecer de la verdad. Si nada es verdadero o falso en el orden moral, entonces no hay ninguna razón para oponerse a la condena de un inocente. Pero si la condena de un inocente es un mal absoluto, entonces no es lícito condenar a un inocente. Es el escepticismo moral el que libera, engañosamente, la conciencia de Pilatos, y no la democracia.

Ignacio Sánchez Cámara, “La vieja estrategia”, La Gaceta, 9.VIII.07

La estrategia es casi tan vieja como el hombre: lavar la mala conciencia de uno atribuyendo al adversario las propias culpas. En lugar de plantear un auténtico debate entre quienes aspiran a defender la verdad, por cierto todos menos los casi inexistentes genuinos escépticos, se tilda al otro de cometer los propios errores. El anticlericalismo es cosa del pasado; lo de hoy es pues cristofobia, o, quizá más aún, propósito de hacerse con la exclusiva de la verdad, eso sí, laicista y mundana, y falsamente democrática.

El cristianismo no es antimoderno, sino premoderno. Pura cronología. La modernidad, como dijo Ortega y Gasset, es el fruto tardío de la idea de Dios. Por supuesto, del Dios cristiano. Difícilmente puede uno ser hostil a sus propios hijos. Otra cosa es que la modernidad revista dos formas: una correcta y otra extraviada. El cristianismo sólo se opone a esta versión extraviada de la modernidad. Es pura falsedad atribuir a la Iglesia católica española la pretensión de imponer a todos los ciudadanos sus creencias. No encuentro ni un solo texto o declaración episcopal que así lo justifique. Tampoco en la oposición a la asignatura de educación para la ciudadanía. Por lo demás, la oposición a la nueva asignatura obligatoria y forzosa dista de proceder sólo de ámbitos eclesiales, sino que es asumida por la oposición parlamentaria, que alberga casi a la mitad del electorado. Extraña cosa sería considerar fruto del consenso democrático a lo que es repudiado por la mitad, al menos, de los ciudadanos. Quien atribuye a la Iglesia católica española la intención de considerar como modelo a Irán, o miente o está equivocado de manera culpable.

Es imposible atribuir de buena fe a la jerarquía eclesiástica la voluntad de imponer por ley a todos los ciudadanos la educación según la fe católica. Por el contrario, lo que pretende es, invocando la Constitución, preservar el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. No se trata de imponer la formación moral y religiosa católica a todos, sino de permitir que la Iglesia proponga libremente su mensaje y pueda enseñarlo a aquellos que lo elijan. Pura cuestión de libertad. Libertad que vulneran quienes quieren imponer el laicismo obligatorio.

Por lo demás, tergiversando el genuino sentido de la democracia, exigen a los demás lo que ellos mismos no asumen. La democracia no excluye de su seno a quienes aspiran a conocer la verdad moral, pues ella no se ocupa de la moral, sino del derecho. Y, por cierto, ningún grupo ni partido político abdica de su pretensión de verdad. Al parecer, sólo se exige este sacrificio a los creyentes católicos. Lo que exige la democracia es la renuncia a imponer las propias convicciones mediante la fuerza de la ley, pero no la renuncia a las propias convicciones. El pacifista no tiene por qué renunciar a sus convicciones porque el Gobierno o la mayoría parlamentaria decidan algo contrario a ellas. Tampoco quien defiende la economía socialista o la escuela única y laicista. ¿Acaso sólo los católicos estarían obligados a semejante renuncia? Al parecer, para los nuevos torquemadas del laicismo totalitario, la verdad es el resultado del consenso al que lleguen quienes renuncien a la verdad.

La falacia de su pretensión se desenmascara en el mismo momento en el que pasan a la oposición. Entonces, la verdad ya no se encuentra en la decisión del Gobierno legítimo ni en la mayoría parlamentaria que lo apoya, sino en su pura ideología totalitaria. Es una estrategia tan antigua como falaz: los enemigos de la libertad se presentan como sus defensores.