No voy a adentrarme en el campo de la ciencia ficción aunque algún lector después de leer las siguientes líneas pudiese caer en la tentación de así pensarlo, sino en un supuesto que empieza ya a convertirse en frecuente en nuestra sociedad actual.

Hombre adulto con hijos matrimoniales y una nueva relación sentimental llega a una notaría para testar y para poner su material reproductivo (vulgarmente conocido por semen antes de aprobarse la Ley de reproducción asistida del 2006) a disposición de su nueva pareja (la mencionada ley obliga a que ello se realice en escritura pública). Al cabo de un tiempo el mencionado personaje fallece (para el supuesto que nos incumbe es irrelevante la causa de la muerte). Primer problema que se nos plantea: ¿puede adjudicarse la herencia? Respuesta en principio negativa, ya que no sabemos todavía si su compañera sentimental va a utilizar el semen dado que goza de un plazo máximo de doce meses desde el fallecimiento de su pareja para hacerlo. Segundo: si ya lo ha utilizado y está embarazada cabe la posibilidad que los hijos matrimoniales le ofrezcan una «módica» suma de dinero para que aborte libremente (nada más y nada menos que hasta la vigésima segunda semana). Con ello, dado que las inseminaciones artificiales dan lugar a altas probabilidades de embarazos múltiples se evitaría que los herederos legitimarios aumentasen y no procedería que la herencia se repartiese entre un mayor número de hijos.

Pues ahí lo tenemos: el aborto convertido en derecho; esto es, en bien jurídico amparado por la ley, que a partir de hoy se ocupará de velar por su protección efectiva y de remover cualquier obstáculo que trate de impedir su libre ejercicio. ¿Y qué son los médicos que invocan la objeción de conciencia para negarse a perpetrar un aborto o las universidades que se niegan a enseñar las técnicas para perpetrarlo, sino obstáculos que la ley se encargará de remover? Sospecho que ni siquiera los detractores de la nueva ley son capaces de vislumbrar su verdadero alcance: un médico que, a partir de hoy, rechace su participación en un aborto invocando la libertad de conciencia se convertirá ipso facto en un delincuente; y lo mismo le ocurrirá a una universidad que invoque la libertad de cátedra para excluir de su programa académico la enseñanza de las técnicas abortivas. Porque ni la libertad de conciencia ni la libertad de cátedra pueden ser baluartes contra el ejercicio de un derecho; y eso es el aborto a partir de hoy: el derecho a exterminar vidas inocentes porque nos da la real gana, en un acto de libre disposición. Y quien se oponga a la consecución de ese derecho será llamado, desde hoy, criminal.